Las reformas al COIP que causan polémica en la Asamblea
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Ecuador

Fiscalía se pronuncia sobre reformas al COIP: ¿Por qué hay rechazo a ciertas propuestas?

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Algunas de las propuestas que llegaron desde los asambleístas han generado polémica por el riesgo a la impunidad.

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Desde las 10:00 de este 15 de febrero de 2024 se tiene prevista la sesión de la Asamblea Nacional en la que se conocerá, discutirá y aprobará las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tiene como objetivo establecer penas más severas para ciertos delitos.

Entre las reformas que se pretende aprobar, algunas de las propuestas que llegaron desde los asambleístas han generado polémica, como que el Legislativo conozca información reservada sobre las investigaciones previas que ejecuta la Fiscalía.

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También ha causado rechazo la iniciativa de Revolución Ciudadana (RC) sobre la procedencia de un recurso para revisar una sentencia y sobre la forma en que se aplicaría el artículo. Se trata de un texto alternativo para el artículo 658. La observación la dio el legislador  José Agualsaca en la Comisión se Justicia, el mes pasado.

En resumen, lo que se está propone podría cambiar la manera en que se revisan las sentencias y permitiría que jurisdicciones extranjeras, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU según lo ideó Agualsaca, modifiquen decisiones judiciales firmes en el país.

Esto prácticamente garantizaría el éxito del uso de este recurso, por lo tanto cualquier procesado, como en los casos de corrupción, podrían echar abajo sus sentencias. Así lo explicó el asambleísta Jorge Peñafiel (Construye) en su análisis.

Fiscalía responde a reformas del COIP

En ese sentido, ayer la Fiscalía emitió un comunicado en el que "expresa su preocupación y su rechazo ante el intento de desnaturalizar el sistema de justicia penal del Ecuador". Esto a través de "la inclusión de figuras
que provocarán la impunidad en causas penales que cuentan ya con sentencias condenatorias ejecutoriadas".

Según el ente, la inclusión de comités de Derechos Humanos no tienen la misma validez que una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH). Los cambios además dejarían sin valor a la institución, "abriendo la posibilidad a que todo delincuente con sentencia condenatoria ejecutoriada
sea puesto en libertad", dice la Fiscalía.

Por otro lado, en el comunicado también se refirió a la propuesta de "obligar" a que la Fiscalía archive  investigaciones previas cuyos delitos aún no han prescrito, "so pena de sancionar a los titulares de las acciones penales públicas, sin tomar en cuenta que existen investigaciones que implican un tiempo mayor a uno o dos años, y olvidando que el artículo 195 de la Constitución de la República otorga la titularidad de la acción penal pública únicamente a esta Institución".

En cuanto a que el organismo entregue información confidencial, sostiene que se pondría en riesgo el éxito de las investigaciones y en la efectividad para la persecución del delito. (I)

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