Mafias de tráfico de aletas de tiburón matan a unos 900 tiburones en Venezuela, esto es lo que dijo el fiscal general sobre las investigaciones

Un crimen contra la fauna marina fue descubierto en el puerto de la Guaira, en Venezuela,  con el hallazgo de cientos de aletas de tiburón. El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, develó los resultados de una investigación que logró dar con mafias encargadas de extraer especies protegidas o en situación vulnerable entre las que destacan tiburones y caballitos de mar.

El pasado 3 de agosto, en el puerto de la Guaira, fue detectado un cargamento de 860 kilogramos de aletas de tiburón de diferentes especies, delito por el que hay al menos tres detenidos y varias órdenes de aprehensión, informó el fiscal este jueves 12 de agosto.

“Para reunir esta cantidad de 860 kilogramos de aletas de tiburón, estas personas debieron sacrificar un aproximado de 900 tiburones de diferentes tallas”, relató Saab, quien prometió todo el peso de la ley para las personas involucradas en un delito que viola entre otras leyes, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) de la que Venezuela es parte.

El cargamento de aletas de tiburón,  tendría como destino Hong Kong y está valorado en 250 mil dólares. Pretendían sacarlo de Venezuela con permisos de exportación falsos gestionados por una empresa  llamada KRM. “Se pudo constatar que el caso guarda relación con una investigación que venía desarrollando el Ministerio Público (…) Este delito que atenta contra la fauna es una delito trasnacional”, añadió el fiscal Saab.

Las investigaciones referían la llegada a Hong Kong desde Venezuela de una exportación cargamento de caballitos de mar y aletas de tiburón amparada con registros CITES con irregularidades. El Ministerio Público venezolano pudo comprobar la participación en varias exportaciones fraudulentas e ilegales de esta empresa distribuidora KRM, que era utilizada de fachada.

El Ministerio Público venezolano logró privativa de libertad para “Moisés Echarry, Luis Capitillo y José Robaina; así como una medida cautelar para Gabriel McConlley, por contrabando agravado, asociación para delinquir, pesca ilícita y forjamiento de documento público”.  Además, dos  funcionarios del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca) identificados como Francisco Pichardo, inspector adscrito a la Gerencia de Sanidad de Insopesca Caracas y Carlos Romero, jefe de Insopesca del Mercado Municipal de Coche, adscrito a la Gerencia Caracas, se encargaban de otorgar los permisos fraudulentos, por lo que se solicitó orden de aprehensión. (I)

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