Más de 600 trabajadores desplazados de la pesca de arrastre industrial protestan en la plaza Rocafuente por la compensación de su ejercicio comercial

Desde finales del año 2012, a través del decreto presidencial 425 se prohibió la pesca de arrastre industrial en Ecuador. En ese entonces, por medio del Ministerio de Acuacultura y Pesca (ahora viceministerio) hubo una promesa de compensación para armadores, trabajadores y propietarios. Pasaron casi nueve años y todavía no hay respuesta. Por lo tanto hay un grupo de 600 pescadores, en su mayoría de la tercera edad, que exigen al menos ser escuchados.

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"Lo que queremos es que nos reciban en audiencia para llegar a un acuerdo y darle solución al tema", dice al nuevo gobierno nacional, el coordinador de la Unión de Trabajadores del mar, regional provincia de Santa Elena, Arnold Barzola.

"Nosotros como trabajadores hemos sido mancillados como hombres de honor y trabajadores (…) Queremos una compensación para esperar nuestros últimos años con una vida digna, tener un ‘dinerito’ para comer. Estamos mendigando en nuestro propio país", sentencia Barzola.

Asimismo, expresan que de ser posible quieren seguir trabajando. Sin embargo, no cuentan con capital y en las empresas que se dedican a la pesca autorizada, no los toman en cuenta por su edad.

Promesas en el Ministerio de Acuacultura y Pesca

En el portal oficial del Ministerio de Acuacultura y Pesca, en su momento publicaron las alternativas que debieron tener disponible los afectados por el decreto presidencial 425. Mismos que estos trabajadores aseguran nunca haber visto.

Entre las alternativas están: Acceder a líneas de créditos con el Banco Nacional de Fomento de hasta 20 mil dólares para los tripulantes que decidan adquirir una embarcación propia y dedicarse a la pesca artesanal o para quienes decidan retirarse a otras actividades productivas a un interés del 5% con un periodo de gracia de tres  años y  un plazo de 10 años.

Con la Corporación Financiera Nacional créditos desde 50 mil dólares  para los armadores que decidan modificar sus barcos para irse a otras pesquerías  a un interés del 7% con un periodo de gracia de dos  años a un plazo de 10 años  y para  los armadores que no desean continuar en la actividad  de pesca se crea un  programa de compensación por el cupo otorgado mediante avaluó del barco realizado a través del MAGAP

Ministerio Acuacultura y Pesca.

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Se espera la respuesta de las autoridades competentes. Actualmente el Ministerio de Acuacultura y Pesca pasó a ser un viceministerio y funciona dentro de la cartera de Producción. (I)