Chile desmaquilló su rostro de inequidad, ahora aspira a mejorar de la mano de la Constitución

Prisilla Jácome - Agustina Ordóñez 
Especial para Diario Qué!

Erika se ata los cordones de sus zapatillas blancas sabiendo que hoy se van a ensuciar. Con ritmo acelerado, agarra las monedas esparcidas en su velador que servirán para pagar el pasaje, que equivale a un dólar, de cada uno de los buses que tome durante el día. Sale de su habitación, saluda a su madre y a su abuela, quienes desayunan mientras tocan un tema de siempre: el quiebre de la Asociación Aseguradora de Fondo de Pensiones de Chile.

Ellas aún no digieren que la institución haya perdido todos los aportes obligados de su nana -como la llama de cariño- y que la hayan dejado sin ahorros para el resto de su vida. Cuánto daría por tener el dinero suficiente para que su abuela pudiera disfrutar de una jubilación digna y evitar así otra desgracia en la familia. Una como la que vivieron tan solo unos meses atrás, cuando su abuelo decidió quitarse la vida para no convertirse en una carga económica para ellos.

La herida, aún latente, duele. Cierra la puerta de su hogar, tratando de hacer lo mismo con sus preocupaciones, pero resulta casi imposible. Rumbo a su trabajo piensa en lo difícil que ha sido acceder a sus estudios porque, a pesar de que obtuvo un buen puntaje en la prueba de selectividad, no fue suficiente para entrar a la Universidad de Chile.

La alternativa que tuvo fue acudir a la sede del Banco Estado y pedir un crédito universitario para poder estudiar lo que quiere, con la conciencia plena de que tendrá que pagarlo a como dé lugar. Luego podrá pensar en un crédito hipotecario para comprar una casa propia.

“En Chile no se reconoce el derecho a la vivienda y tampoco el derecho a vivir como un concepto estándar de vida digna”.

Arlette Reyes Benz, abogada

Erika no es una persona real, pero su historia, preocupaciones y necesidades empatizan con la de miles de chilenos que tratan de configurar a diario la forma de satisfacer sus necesidades y cumplir sueños personales. Un anhelo que se ha ido complicando con el tiempo y que derivó en un descontento ciudadano que, aunque se inició hace más de una década, se desbordó el 18 de octubre de 2019.

“La gente ya estaba cansada. Se mostraba para afuera muy bonito Chile, muy pujante, con desarrollo económico, de todo. Pero la desigualdad existe desde hace 40 años, lo que pasa es que se escondía”, explica Cristobal Chuaqui, historiador y sociólogo chileno, sobre lo que impulsó el denominado “estallido social”.

El pueblo reclama

Ese viernes el pueblo no pudo más. Alrededor de 3 millones y medio de personas salieron a las calles para unirse al reclamo de cientos de estudiantes que solo cinco días atrás rechazaban el alza de la tarifa de transporte público de Santiago.

La subida del billete del metro solo fue una excusa, el motivo que faltaba para exigir por otras causas que habían permanecido intermitentes y sin atención.

Así, la calle se convirtió en tarima de reclamo no solo por el incremento del pasaje, sino también por la dificultad de acceso estudiantil, la falta de atención en centros de salud pública, la necesidad de endeudamiento para adquirir bienes propios y la ausencia de una jubilación debida.

“Que la dignidad se haga costumbre”, resaltaba durante las protestas uno de los carteles que representaban el sentir ciudadano.

La desigualdad social fue -y sigue siendo- el motor de lucha de los manifestantes. Un motivo que no surge de la percepción de los habitantes, sino que se refleja en estadísticas como las del informe Panorama Social en América Latina de 2018 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el libro "Desiguales: Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile" del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2017.

“Con un sueldo como el que hay acá en Chile, que rodea los 270.000 pesos chilenos (alrededor de $350 dólares), no te alcanza para vivir en un mes. Entonces, toda la gente se empieza a endeudar. ¿Y qué provocan las deudas en la gente? Nada de calidad de vida, sino presión por tener que estar preocupados de tener una deuda”, afirma Chuaqui, sobre una realidad que no coincide con la legislación vigente, según la cual el salario mínimo es de 320.500 pesos chilenos (unos $414 dólares).

Pero la repartición monetaria no es la única variable que determina la inequidad. Según el PNUD, “la desigualdad socioeconómica en Chile no se limita a aspectos como el ingreso, el acceso al capital o el empleo, sino que abarca además los campos de la educación, el poder político y el respeto y dignidad con que son tratadas las personas”.

Una lista de escenarios que, según los habitantes, se palpan a diario, en cada aspecto importante del desarrollo social.

Genezareth Contreras, a sus 23 años, da fe a este concepto de inequidad en Chile. Esta joven recalca que donde más ha podido palpar la desigualdad ha sido en el área estudiantil.

Recuerda que en el colegio al que asistía había irregularidades como pagos impuntuales a sus maestros o incluso carencias en la infraestructura de la institución, elementos que complicaban el desarrollo óptimo de las clases.

Fue tal la huella que dejó dicha memoria, que usó sus dotes de cantautora para componer Cisne de cuello negro, una canción de protesta con la que buscó representar lo vivido en las aulas. Pero no fue hasta que debió realizar la transición a la universidad, que notó aún más complicaciones en el sistema.

A pesar de que en 2016 logró adquirir un cupo para la gratuidad en la carrera que deseaba en la Universidad Austral de Chile notó que sus amigos tenían dificultades para pasar el examen de admisión, que no contaban recursos para costearse una carrera o que debían debatirse entre estudiar y trabajar para ser el sustento de sus hogares. Por ello decidió ser parte de las manifestaciones que, en dicha época, buscaban garantizar el derecho a la gratuidad en la educación universitaria.

Un año después de su llegada al país, y en retrospectiva, Genezaret asegura sentirse satisfecha con su decisión. “Uno generalmente se va a un lugar donde al menos las condiciones de vida estén cubiertas y donde tenga como apoyarse en gente, amistades y familiares”, afirma.

Aquello finalmente lo logró en Argentina, pues actualmente ha podido garantizarse un cupo en la carrera de Historia en la Universidad de Buenos Aires, costearse el departamento que comparte junto a su pareja y vivir sin mayores preocupaciones. Esa realidad que hubiese deseado alcanzar en su país, pero que solo consiguió fuera de él.

El caso de Genezareth no es aislado, la migración de chilenos a Argentina es una realidad que registra tanto el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) como la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

Por lo pronto, el 11 de abril de 2021 los chilenos volverán a salir a las urnas para votar por quienes aspiran a convertirse en los encargados de redactar la nueva Constitución.

Será la primera vez en la historia en la que una  elección se considerará la paridad de género y representación de pueblos originarios. Mientras eso llega, se lucha, se resiste, se sueña.

Se anhela la oportunidad de ver a un Chile en el que los y las Erikas puedan vivir en un entorno más justo y equitativo, donde no tengan que endeudarse para vivir una vida digna. Un país en el que las Genezarets puedan volver a sus hogares, confiando que existe un Estado que garantiza y vela por sus derechos, mientras desmaquilla su rostro de desigualdad.

Por un cambio constitucional

Este año, el presidente chileno, Sebastián Piñera, llamó a un plebiscito nacional para determinar si debía cambiarse la Constitución, la cual, aunque ha sufrido algunas modificaciones, está en vigencia desde la dictadura de Augusto Pinochet en 1980.

Con un récord en las cifras de asistencia electoral, los ciudadanos salieron a expresar su derecho en las urnas y sentenciaron con casi el 79% de votos a favor del Apruebo, para que el cambio inicie su marcha y comience el camino a una nueva constitución. ¿El 21% restante? Consideró que una nueva constituyente no era la solución. (I)