Ecuador
Rectores de 26 universidades públicas del Ecuador demandan presupuesto y solicitan prioridad en la educación
Son 26 las universidades públicas del Ecuador que solicitan al Gobierno Nacional se les asignen los fondos presupuestarios descritos en la Constitución. Lo expresan a través de un comunicado en el que constan cada una de las instituciones de educación superior. Publicidad Según el oficio, el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva Armijos, extendió […]
Son 26 las universidades públicas del Ecuador que solicitan al Gobierno Nacional se les asignen los fondos presupuestarios descritos en la Constitución.
Lo expresan a través de un comunicado en el que constan cada una de las instituciones de educación superior.
Según el oficio, el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva Armijos, extendió una proforma a la Asamblea Nacional reduciendo el presupuesto académico. Cifra que en el Gobierno de Lenín Moreno (2020) alcanzó una disminución de 98 millones 210 mil 190 dólares.
Esto pese a que el 17 de agosto el presidente Guillermo Lasso indicó que, en la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior, las universidades podrían ampliar sus ofertas académicas, además, de incrementar nuevas carreras conforme a las demandas.
Lo que para las universidades entraría en una discordancia, asegurando que a falta de presupuesto deberán realizar ajustes internos, lo que reduciría la oferta académica.
ESPOL informa a la ciudadanía pic.twitter.com/1AsA8YPDiK
— ESPOL (@espol) August 19, 2021
Pedido de las Universidades
Las universidades públicas solicitan al presidente Guillermo Lasso priorizar la inversión del Estado en la educación superior y disponer al ministro de Economía y Finanzas el cumplimiento de las partidas presupuestarias.
Se rigen para este artículo de la Constitución
En el documento las instituciones se basan en el artículo 26 de la Constitución de la República, el cual señala que:
“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”. (I)
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