Qué establece la hoja de ruta del Gobierno y el movimiento indígena
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Ecuador

Qué establece la hoja de ruta del Gobierno y el movimiento indígena acordada con la mediación de la Iglesia católica: 13 de julio se instalarán primeras mesas de debate

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Tras una fluida reunión, que se desarrolló a puerta cerrada, con la mediación de la Iglesia católica, este jueves 7 de julio de 2022 quedó definida en Quito la hoja de ruta para el diálogo ampliado entre representantes del Gobierno de Ecuador y del movimiento indígena. Este acuerdo busca atender las demandas que motivaron la […]

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez (d), estrecha la mano del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Iza, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/José Jácome
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Tras una fluida reunión, que se desarrolló a puerta cerrada, con la mediación de la Iglesia católica, este jueves 7 de julio de 2022 quedó definida en Quito la hoja de ruta para el diálogo ampliado entre representantes del Gobierno de Ecuador y del movimiento indígena. Este acuerdo busca atender las demandas que motivaron la última ola de protestas en el país.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, confirmó qué se estableció en la cita desarrollada en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), reseña EFE.

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  • Se definieron las 10 mesas temáticas que abordarán el pliego de peticiones planteado por los indígenas desde el inicio de las protestas, que se extendieron por 18 días.
  • Se definió la mesa de coordinación, que se encargará de monitorear los avances en el diálogo específico, que comenzará el 13 de julio, cuando se empiecen a contar los 90 días para encontrar soluciones establecidos en el acuerdo. El Acta por la Paz  firmada el 30 de junio pasado, puso fin a las movilizaciones, cuyo saldo fue de seis fallecidos y unos 500 heridos entre manifestantes y fuerzas del orden.
  • Los diálogos arrancarán en asuntos relacionados con la focalización de los subsidios a los combustibles y la moratoria de deudas, dijo Jiménez.

El 1 de julio, un día después que se firmase el "Acta por la paz", el Ejecutivo del presidente Guillermo Lasso comenzó a poner en práctica lo acordado y redujo el coste de los combustibles subsidiados y derogó el decreto que promovía la actividad petrolera.

Con ello, se redujo en 15 centavos de dólar el precio congelado de las gasolinas de 85 octanos y del diésel, de manera que ahora cuestan 2,40 y 1,75 dólares, respectivamente, por galón (3,78 litros).

Cómo fue la reunión de este jueves entre Gobierno y movimiento indígena

De acuerdo con Jiménez, en la cita de este jueves hubo "una serie de coincidencias", primero sobre necesidad de avanzar en el diálogo "de buena fe, con transparencia y claridad sobre lo que podemos hacer y sobre la responsabilidad que tenemos en este momento histórico respecto del país", dijo.

"No ha habido mayor problema para lograr esos acuerdos sobre la forma en que vamos a avanzar", aseguró al término del encuentro, en el que se organizó el trabajo "de manera metódica" para los diálogos en los que participarán funcionarios "con poder de decisión".

Eso, comentó, demuestra que el Gobierno está "comprometido en la solución definitiva de problemas que se han venido arrastrando mucho tiempo, y que hoy las circunstancias nos ofrecen una oportunidad histórica, que no vamos a desperdiciar".

Gary Espinosa, representante de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), expresó, al finalizar el encuentro su esperanza de que el ejercicio realizado sea un ejemplo "de que así se deben tratar los temas, los problemas de Ecuador, o sea, con la cordialidad".

Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), principal convocante a las movilizaciones, aseguró que trasladará a las estructuras de base el proceso operativo aprobado este jueves, y para el 13 de julio se instalarán las primeras mesas de debate.

Y recordó que hay temas que no solo competen al Ejecutivo sino a otras funciones del Estado, como la Fiscalía y la Justicia, procesado como autor mediato (con dominio del hecho) de la paralización de servicios públicas al supuestamente instigar bloqueos de carreteras durante las protestas. (I)

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