Gobierno ecuatoriano tiene plazo 90 días para diseñar una política pública para solucionar la crisis carcelaria del país

El pasado 23 de febrero, Ecuador pasó a la historia tras registrarse la peor masacre carcelaria. Los hechos violentos se suscitaron en tres centros de detención de Guayas, Cotopaxi y Azuay. Se reportaron un total de 79 víctimas mortales en estos amotinamientos.

Ante ello, la Corte Constitucional (CC) da seguimiento al cumplimiento de los dictámenes emitidos a los estados de excepción de 2019 y 2020. Los documentos fueron declarados por el Ejecutivo a los centros de privación de libertad.

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Mediante una sesión virtual con la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, la CC dispuso al presidente de la República que elabore una política pública sobre el sistema carcelario. Pero deberá tomar en cuenta el plan de acción presentado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

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También informó que el Ejecutivo tiene 30 días para informar del avance de las medidas que deberán adoptarse en las cárceles. Sin embargo, el Gobierno podrá presentar la política pública que se aplicará en los centros de rehabilitación social del país en un máximo de tres meses, señala El Universo.

Además aclaró que la crisis carcelaria que vive el país no responde a una cuestión inesperada. Considera que es una situación que se va "cociendo lentamente". Señaló que estos amotinamientos se deben a causas estructurales relacionadas al hacinamiento carcelario y falta de condiciones mínimas de vitalidad en los centros, entre otras. (I)