Chile medirá el costo de hacer frente al cambio climático

SANTIAGO DE CHILE/AFP

Chile medirá el costo de implementar políticas públicas y privadas para hacer frente al cambio climático, que le ha traído una sequía histórica, un invierno con poca nieve en los Andes y lluvias torrenciales en el desierto.

El ministro de Hacienda Felipe Larraín anunció este martes que el país "no cuenta con información suficiente sobre las finanzas públicas relevantes al financiamiento de la acción climática, lo que dificulta una correcta toma de decisiones", indicó.

En este marco, el ministro firmó un acuerdo de cooperación técnica con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La nación sudamericana cuenta con siete de los nueve criterios de vulnerabilidad al cambio climático enunciados por la ONU, como áreas costeras de baja altura, zonas áridas y semiáridas; bosques, territorios susceptibles a desastres, zonas urbanas con contaminación atmosférica, áreas propensas a la sequía y desertificación y ecosistemas montañosos.

El acuerdo contempla realizar un plan piloto para evaluar las necesidades de inversión en infraestructura basado en los costos de la inacción o de no implementar medidas para mitigar los efectos del cambio climático, informó el ministerio de Hacienda.

Como ejemplo, el titular de Hacienda mencionó la desertificación que enfrenta Chile, agravada por una extensa sequía.

"Los terrenos amenazados por la desertificación superan el 60% del territorio nacional y el resultado de este fenómeno es la pérdida de cultivos y una menor productividad de los suelos. Por lo tanto, contar con una estimación de cuáles son las inversiones críticas que debemos realizar para enfrentar la desertificación y la erosión de suelos tiene gran impacto", precisó Larraín.

El estudio se prolongará por los próximos dos años y para su realización el gobierno alemán aportará 650.000 dólares.

Chile es sede este año de la conferencia mundial sobre cambio climático (Cop 25) y dentro de los compromisos que ya anunció el país está el cierre de ocho centrales termoeléctricas en los próximos cinco años, en el marco de un plan que busca lograr que el país sea carbono neutral hacia 2050, en base al impulso de las energías renovables no convencionales. (I)