El supuesto desvío de $ 61,5 millones en el caso Triple A y las obras a las que pudo haberse destinado el monto

Redacción Quito

Mientras en Quito el Tribunal Anticorrupción retomaba este sábado, 18 de julio de 2026, la audiencia de juzgamiento del caso Triple A, en el papel sigue intacta una cifra que pesa mucho más que cualquier alegato: $ 61 502 658,39.

Ese es, según la propia Fiscalía, el perjuicio económico que el Estado ecuatoriano habría sufrido por el desvío de 22,7 millones de galones de combustible subsidiado.

Y esa cifra, convertida en otras unidades de medida –escuelas, becas, casas, bonos–, cuenta una historia distinta, mucho más terrenal, de lo que ese dinero pudo significar para miles de ecuatorianos.

El dinero convertido

Empecemos por lo más simbólico: con $ 61,5 millones se habrían podido construir alrededor de 15 escuelas nuevas, tomando como referencia el costo promedio de las unidades educativas que el Gobierno ha levantado en los últimos años, entre 3,5 y 5 millones de dólares cada una. Quince planteles significan miles de pupitres, laboratorios y canchas que hoy no existen en algún rincón del país.

En el plano universitario, la cifra también impresiona: el monto habría alcanzado para financiar cerca de 74.000 becas de manutención bajo el actual programa Jóvenes del Nuevo Ecuador, que entrega $ 829 por estudiante. Setenta y cuatro mil oportunidades de seguir estudiando que, en cambio, quedaron atrapadas en la maraña de un presunto esquema de desvío de combustible.

El dinero también se puede medir en techos: con ese perjuicio se habrían podido construir aproximadamente 2.460 viviendas de interés social, tomando como referencia el costo promedio de una VIS del Miduvi, de entre $ 23.000 y 26.000. Casi 2.500 familias que hoy podrían tener casa propia.

Y si se piensa en el bono más conocido del país, el de Desarrollo Humano, el monto habría cubierto más de un millón de pagos mensuales de $ 55, o dicho de otra forma: 93.000 familias habrían podido recibir ese apoyo durante un año.

Ni el Ídolo se salva

Hay un cruce de datos que llama la atención por lo insólito: el perjuicio calculado en el caso Triple A es casi idéntico a la deuda total que Barcelona Sporting Club, el club que preside Antonio Alvarez, hermano del alcalde Aquiles Alvarez, arrastra según el último informe presentado en su asamblea de octubre de 2025, de unos $55 millones.

Con el dinero que, según la Fiscalía el Estado dejó de percibir por el desvío de combustible, se habría podido saldar por completo esa deuda, con unos 6 millones de dólares de vuelto.

Y si a esta cifra se suma la del caso Goleada –donde la Fiscalía investiga un presunto lavado de activos con un perjuicio estimado en 100 millones de dólares adicionales–, el total conjunto de ambos procesos ronda los $ 161 millones. Con ese monto combinado, la deuda de Barcelona SC se habría podido pagar casi tres veces.

(I)