Esto es lo que se sabe de la llamada a juicio de una médica y un funcionario del Registro Civil por presunta falsificación de carnet de discapacidad; el documento se habría usado para importar un vehículo

Un hombre y una mujer, médica de profesión, fueron llamados a juicio, en Guayaquil, por estar supuestamente implicados en la falsificación de un carnet de discapacidad

La Fiscalía informó, el jueves 21 de julio de 2022, que la jueza Yesenia del Rocío Hidalgo llamó a juicio a María A. M. y a Paúl Alfonso M. G.

La mujer es médica calificadora del Ministerio de Salud Pública y va a juicio por su presunta participación en el delito de falsificación de documento público; mientras que Paúl Alfonso M. G., "a quien la funcionaria le asignó un carnet de discapacidad sin que él tenga esa condición", irá por presunto delito de falsificación de documento público y uso doloso del documento.

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Qué pasó en Guayaquil con el carnet de discapacidad

Paúl Alfonso M. G., funcionario de la Dirección de Registro Civil, Identificación y Cedulación, habría obtenido el documento de forma fraudulenta en Mapasingue (Guayaquil) y lo habría usado en su lugar de trabajo.

También investigan si lo utilizó para obtener beneficio en la reducción del pago de servicios básicos en su domicilio y en la importación de un vehículo, agrega Fiscalía.

Además de llamarlos a juicio, la jueza ratificó las medidas cautelares de carácter personal y real que pesan en su contra, como la prohibición de salida del país, la presentación periódica ante la autoridad competente y la prohibición de enajenación de bienes.

Elementos de convicción

La fiscal Ana Hidalgo presentó como elementos de convicción ante la jueza: la denuncia presentada por parte del MSP y certificaciones remitidas por esa cartera de Estado.

En ellas  "se evidenció que no existe constancia documental que respalde la calificación que fue subida al Sistema Informático en Línea del MSP".

Igualmente mostró la certificación del  Senae, que detalla la importación de un vehículo utilizando la condición de discapacidad; así como la certificación del SRI sobre la rebaja de impuestos al vehículo y varias certificaciones de instituciones en las que el beneficiario utilizó el carné, versiones de los profesionales del equipo de auditoria y las versiones contradictorias de ambos procesados.

A esto se sumaron: el informe técnico de auditoría de esa entidad, que determina que la calificación de discapacidad se tramitó de manera irregular.

Elevó a la jueza el informe médico practicado al beneficiario del carnet por un médico traumatólogo y la documentológica del carnet de discapacidad, que demostraría que es un soporte falso, entre otros elementos. (I)