Por la tala de manglar en Olón habrá comparecencia en Asamblea
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Ecuador

Escándalo ambiental en Olón que salpica a la primera dama y al presidente Daniel Noboa: Autoridades comparecerán ante la Asamblea Nacional

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Según lo que dio a conocer Fundación La Iguana, el proyecto urbanístico ECHO,  de la empresa Vinazin S. A., tendría como accionista a Lavinia Valbonesi.

Foto tomada de @anahiipumayugra
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El caso de la tala de manglar en una zona protegida de Olón, en la provincia de Santa Elena, ha causado revuelo entre autoridades y organizaciones civiles. Por su parte, la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Asamblea Nacional convocó a una sesión para analizar la situación, este miércoles 8 de mayo  de 2024 a las 18:00.

En ese sentido, se llamó a varias autoridades del Gobierno, incluida Sade Fristchi, ministra de Ambiente, así como otros ministros y funcionarios relacionados con el caso. También se espera la presencia de representantes de la Fundación Iguana y activistas locales.

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El escándalo estalló cuando trabajadores no identificados comenzaron a talar la vegetación del manglar, supuestamente como parte de los preparativos para la construcción de un proyecto inmobiliario. Residentes denunciaron el hecho y difundieron videos en redes sociales.

Según lo que dio a conocer Fundación La Iguana, el proyecto urbanístico ECHO,  de la empresa Vinazin S. A., tendría como accionista a la primera dama, Lavinia Valbonesi. Además, se reveló que los estudios para la construcción se realizaron por la compañía Geosísmica, que cuenta entre sus accionistas al ministro Roberto Luque. Esta información sí consta en el portal de la Superintendencia de Compañías.

Además, aparentemente, el Ministerio del Ambiente habría otorgado el registro ambiental para el proyecto a pesar de ser una zona protegida y de que Mónica Palencia, ministra del Interior, y su hija tenían asuntos legales con la empresa Vinazin.

Hay reportes de que el 7 de mayo, al área en cuestión llegaron  militares y policías, lo que generó mayor preocupación en la comunidad.

En respuesta, Revolución Ciudadana calificó la situación como  "ecocidio" y exigió la suspensión del proyecto inmobiliario, así como una investigación sobre las irregularidades y  posibles conexiones políticas detrás del caso.


(I)

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