Ecuador
Así era el ‘modus operandi’ de presunta corrupción detectado por el Ministerio de Salud en un hospital de Galápagos, los dos casos están denunciados en Fiscalía
El Ministerio de Salud Pública denunció dos casos de presunta corrupción que se estaban consumando entre 2017 y marzo de 2022 en un hospital y un distrito de Galápagos, supuesto desfalco que asciende a 3.779.152 de dólares.
En rueda de prensa, la ministra Ximena Garzón ofreció detalles del caso. El primero en un hospital, por 1.984.438,71 dólares y el otro en la Dirección Distrital 20D01 San Cristóbal, en Santa Cruz, Isabela, en el que se perjudica a la cartera y a sus usuarios por un monto de 1.794.713,29 dólares.
Agregó, que este lunes 18 de abril de 2022 un equipo técnico del MSP presentó ante la Fiscalía de la provincia de Galápagos las dos denuncias del presunto peculado. Garzón dijo que en el Hospital Oskar Jandl funcionarios que tenían acceso a la plataforma de pagos del sistema público ESIGEF, a través de sus usuarios asignados, "y con el mayor descaro", se habrían transferido recursos públicos a sus cuentas personales. Señaló que el MSP está pendiente de los movimientos que se realizan en las coordinaciones zonales sobre el presupuesto asignado para abastecimiento y demás gastos.
"Desde planta central notamos que hubo transacciones financieras inusuales: pagos de servicios, décimos, fondos de reserva que no eran usuales. Investigamos y vimos un patrón de depósito en cuentas particulares”, explicó Garzón, quien dijo que el mismo ‘modus operandi’ se aplicó en los dos casos detectados. Las personas involucradas en este hecho ya están identificadas y dispuso a Talento Humano que realice las acciones necesarias; respetando el debido proceso, aseguró.
“No vamos a permitir un solo acto de corrupción. Los culpables deberán ser juzgados con todo el rigor de la Ley y deberán devolver todo lo robado”, enfatizó la ministra. Por el presunto delito de peculado el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) prevé que los servidores públicos, "que en beneficio propio o de terceros abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de dineros públicos que estén en su poder" enfrentarán pena privativa de libertad de 10 a 13 años. (I)
Así era el ‘modus operandi’ que aplicaban servidores en un hospital de Galápagos