Quién es el sentenciado por secuestro extorsivo con resultado de muerte
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A la cárcel 26 años por secuestro extorsivo y asesinato: Exigía 3.000 dólares para liberar a su vecina; sin embargo, la asfixió y siguió pidiendo el dinero

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Durante 13 días, en Quito, Luis Patricio C. Q. mantuvo en cautiverio  a su vecina Diana Judith V. Y. Para liberarla, exigía 3.000 dólares a sus familiares. El hombre, sin embargo, le quitó la vida. Un año después, un juzgado lo acaba de sentenciar por secuestro extorsivo con resultado de muerte. Diana, estudiante universitaria, casada […]

El Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe sentenció a , Luis Patricio C. Q. a cumplir la pena máxima de 26 años de privación de la libertad. Foto: Fiscalía, referencial
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Durante 13 días, en Quito, Luis Patricio C. Q. mantuvo en cautiverio  a su vecina Diana Judith V. Y. Para liberarla, exigía 3.000 dólares a sus familiares. El hombre, sin embargo, le quitó la vida. Un año después, un juzgado lo acaba de sentenciar por secuestro extorsivo con resultado de muerte.

Diana, estudiante universitaria, casada y con un hijo, y Luis Patricio habían trabajado juntos, recordó un hermano de la mujer.

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El hoy sentenciado planificó  el hecho delictivo y llegó hasta a alquilar un inmueble donde tener sometida a la mujer.

En medio del secuestro, este hombre decidió asfixiar a Diana y, sin remordimiento alguno, continuó pidiéndoles el dinero a la familia, aun cinco días después de perpetrar el homicidio.

Luis Patricio arrojó el cuerpo al costado de un paso peatonal en el sector de La Argelia, en Quito.

El secuestro de Diana

La mañana del 23 de julio de 2021, Diana –de 27 años– salió de su casa a la entidad financiera en la que laboraba, pero no llegó, según el testimonio de un compañero de trabajo de la víctima.

Pasadas las 13:00, el secuestrador marcó desde el teléfono de Diana al celular del esposo:

– “Diana me dijo que estaba secuestrada y que piden 3.000 por su rescate, que consiga el dinero”, relató el cónyuge.

Luis Patricio no permitió que continúe la conversación y le quitó el teléfono:

– “Ya hablaste con ella, ahorita ya sabes lo que queremos, ya te mando una foto de tu mujer”.

Acto seguido, colgó y envió una fotografía de Diana sentada en un baño, amarrada de pies y manos.

La extorsión

Tanto la conversación como la fotografía fueron los últimos registros de vida que recibió la familia.

Luis Patricio desactivó el teléfono de la víctima y entre el 23 y el 27 de julio realizó cinco llamadas extorsivas, desde cabinas telefónicas ubicadas en el norte y sur de la ciudad.

Retomó el contacto telefónico el 9 de agosto para preguntar si ya contaban con el dinero del rescate. Ese día –les dijo–, la liberación “podría ser en Aloag después de que paguen”.

Para la fiscal del caso, las evasivas e incertidumbre fueron características de estas comunicaciones, ya que el secuestrador preguntaba a la familia si ya tenía el dinero, pero no entregaba más pruebas de vida.

Tampoco precisaba un día, lugar y hora para recibir el dinero y liberar a la víctima.

El celular de Diana, clave

El 10 de agosto de 2021, el agente policial investigador recibió una alerta de activación del celular de la víctima, pero con un número telefónico a nombre de Luis Patricio C. Q.

Con esta información, Fiscalía y Policía –con la orden judicial respectiva– ejecutaron dos allanamientos y una detención, el 11 de agosto de 2021 en La Argelia, sur de Quito.

En la vivienda de Luis Patricio se encontró la vestimenta que coincidía con la del hombre que entró a las cabinas telefónicas desde donde se hicieron las llamadas extorsivas.

Esto, según los testimonios de los peritos que practicaron las pericias de audio y video, y de identidad humana a los videos de seguridad solicitados a estos locales durante la investigación.

El segundo inmueble intervenido fue el lugar de cautiverio de Diana.

Se trataba de un cuarto con un baño, que Luis Patricio había alquilado días antes del secuestro.

Manuel y María –dueños de esa casa–, en sus testimonios indicaron que el procesado rentó el lugar para “alojar a su esposa que estaba operada de los ojos (según les dijo)”, pero no llevó enseres.

En ese lugar, Criminalística levantó cabellos que coincidieron con el perfil genético de la víctima.

¿Quién es el secuestrador?

De acuerdo con el testimonio entregado al Tribunal por el hermano de la víctima, Luis Patricio C. Q., de 40 años, era vecino del barrio de sus padres, donde también residía Diana.

Recordó que hace unos años, el procesado confeccionó uniformes deportivos para la entidad donde laboraba su hermana.

El día de la detención, el procesado llevaba consigo el teléfono celular de Diana. También le dijo al agente policial “ya está muerta, ya la maté” y lo dirigió al lugar donde botó el cadáver.

El informe de autopsia refiere que la muerte de la mujer sucedió el 4 de agosto: “Él llamó cuando estaba con vida y dejó de hacerlo, porque mató a Diana.

Luego retomó la comunicación para seguir pidiendo el rescate, cuando la víctima ya estaba muerta”, explicó la fiscal.

Al rendir su testimonio sin juramento, el ya sentenciado le dijo al Tribunal que dos hombres –a los que no sabía cómo ubicar– lo contrataron para dos carreras, le pidieron que alquile un inmueble y que haga llamadas extorsivas, bajo amenaza. Pero no pudo sustentar este relato.

Sin embargo, el testimonio de la experta que practicó una pericia de rasgos de personalidad al procesado concluyó que tiene conciencia y voluntad de sus actos y que no presenta deterioro cognitivo.

Autor directo del secuestro extorsivo

Más de treinta y cinco elementos recolectados durante la investigación –y presentados como pruebas por la fiscal María Susana Rodríguez en la audiencia de juzgamiento instalada el 11 de julio de 2022– demostraron que el procesado es autor directo de secuestro extorsivo con resultado de muerte.

El Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe, con base en el conjunto probatorio, lo sentenció a cumplir la pena máxima de 26 años de privación de la libertad.

Como reparación integral para la familia de Diana, los jueces ordenaron la entrega de 20.000 dólares por parte del agresor. Además, el pago de una multa de 1.000 salarios básicos unificados a la administración de justicia. (I)

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