Así se desarrollarán las movilizaciones de la UNE en contra de la ley de finanzas públicas

Este martes, 26 de septiembre de 2023, la Unión Nacional de Educadores (UNE) de Ecuador realizará una serie de movilizaciones en varias provincias del país para rechazar la Ley Orgánica de Urgencia Económica para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, presentó el  Decreto de Ley ante la Corte Constitucional el  5 de septiembre. El sábado la líder de UNE, Isabel Vargas, anunció la medida y denunció que el decreto busca recortar más de $1.000 millones al sector educativo, con lo cual empeoraría la crisis que ya afecta a la educación pública.

En ese sentido, para Vargas se estaría perjudicando a aproximadamente 3,5 millones de estudiantes y a los docentes.

También dijo que el proyecto tendrá impacto en otros sectores como la salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

En provincias como Guayas, Azuay y Pichincha se prevé que se realicen marchas, junto con sindicatos de trabajadores y grupos estudiantiles, entre otros. En Quito, la concentración se efectuará a las 10:00 en las inmediaciones de la Corte Constitucional.

Lo que abarca la ley de urgencia económica

movilizacinooesSe cambiará la forma en que se calcula el incremento de asignaciones presupuestarias a la educación y la salud, utilizando el presupuesto del año pasado como referencia. Además, el Estado aportará el 33,33 % a un fondo tripartito en el IESS,  para tratar enfermedades catastróficas.

Por otro lado, se prohíbe el cobro de intereses y multas generados por retrasos en el pago de bienes y servicios entre entidades públicas que forman parte del Presupuesto General del Estado, excluyendo a las universidades y escuelas politécnicas.

Además, se propone la eliminación de los intereses de la deuda del Estado con el IESS relacionada con el aporte del 40 % a las pensiones de jubilados.

También se plantea la remisión del 100 % de intereses, multas y otros recargos generados por retrasos en los pagos de bienes y servicios entre entidades del Estado debido a la deficiencia temporal de caja fiscal provocada durante la pandemia del COVID-19, hasta el 31 de diciembre de 2023.

Pero para la UNE, las propuestas no son de carácter urgente y violan la norma constitucional, ya que buscan reducir el presupuesto destinado a la salud y la educación en el país. (I)