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Piñera reconoce incumplimiento de protocolos del uso de la fuerza en Chile

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Santiago – AFP El presidente Sebastián Piñera reconoció este jueves que las fuerzas de seguridad de Chile incumplieron los protocolos de uso de la fuerza pero dijo que la justicia determinará si se violaron los derechos humanos, mientras Amnistía Internacional denunció una "política deliberada" para castigar a manifestantes. Publicidad Cuando crecen las denuncias sobre el […]

Policías antidisturbios arrestan a manifestantes durante una protesta contra el gobierno en Santiago el 16 de noviembre de 2019. Foto: AFP
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Santiago – AFP

El presidente Sebastián Piñera reconoció este jueves que las fuerzas de seguridad de Chile incumplieron los protocolos de uso de la fuerza pero dijo que la justicia determinará si se violaron los derechos humanos, mientras Amnistía Internacional denunció una "política deliberada" para castigar a manifestantes.

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Cuando crecen las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza en la represión a las manifestaciones que estallaron hace un mes, el mandatario reconoció que en algunos casos no se cumplieron las reglas establecidas en los protocolos revisados y aprobados por organismos de derechos humanos recién en marzo pasado.

"Si no se cumplieron esos protocolos, y yo creo que es posible que en algunos casos no se cumplieron, eso va a ser investigado por la Fiscalía y va a ser sancionado por los tribunales de Justicia. Así funciona una democracia, así funciona un estado de derecho", explicó Piñera.

Las protestas estallaron el 18 de octubre y se saldan con 22 muertos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos reporta, además, unas 2.000 personas heridas, mientras que organizaciones sanitarias afirman que más de 280 personas han resultado con daño ocular severo tras recibir disparos de perdigones.

Ningún funcionario de la policía ha muerto en las manifestaciones pero la institución contabiliza alrededor de 1.600 agentes heridos.La Fiscalía informó que hasta el 31 de octubre se abrieron alrededor de 1.089 investigaciones penales en todo el país por denuncias de violencia institucional, 24 de entre ellas por presuntas torturas y nueve causas por presuntos hechos constitutivos de abuso sexual o violación. (I)

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