"Filtrar el video fue algo miserable", dice defensa del caso Malvinas
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"Con ese video tratan de posicionar que eran delincuentes y tenían merecido lo que les pasó", alega abogado del caso Las Malvinas sobre el último clip filtrado

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Las autoridades judiciales deberán analizar caso por caso para que entreguen medidas sustitutivas a los implicados y se descarte la prisión preventiva.

Guayaquil, miércoles 08 de enero del 2025 Com una marcha recordaron un mes de la desaparición y posterior ejecución de los 4 menores del sector de Las Malvinas. Fotos: César Muñoz/API
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En diciembre de 2024, Ecuador conoció el caso de los cuatro menores (Ismael y Josué Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina) que desaparecieron en el sector de Las Malvinas y fueron hallados muertos en Taura. De acuerdo a las declaraciones del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, 16 militares participaron en el operativo que habría desencadenado en ese fatal desenlace. La Fiscalía General del Estado (FGE) dictó prisión preventiva para los procesos y desde entonces los servidores están detenidos.

El 19 de febrero de 2025 se llevó a cabo la audiencia de apelación a la prisión preventiva de los implicados. Los militares pidieron defenderse en libertad y aseguraron que no hay riesgo de evadir la justicia. La resolución se conocerá este 20 del mismo mes a las 10:00; así lo indicó el abogado de las familias de los cuatro niños de Las Malvinas, Abraham Aguirre, en entrevista digital con Radio Pichincha, el 20 de febrero de 2025.

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Aguirre mencionó que la audiencia se desarrolló en medio de varios llamados de atención a la defensa de los procesados por exceder el tiempo de sus alegatos. Además, aseguró que utilizó argumentos "repetitivos y trillados". De la misma manera, enfatizó que los integrantes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) no desestimaron el acto de la desaparición forzada y el mal procedimiento que utilizaron en la detención de las víctimas.

"Jamás refutaron ese hecho, jamás rebatieron lo que expusimos. Utilizaron frases para sensibilizar a los jueces, pero ninguno se encaminó a una fundamentación jurídica ni a un soporte argumentativo para el caso", enfatizó Aguirre.

Rechazar el pedido

Según Aguirre, la prisión preventiva es un mecanismo de última instancia. Sin embargo, insistió en que en este caso es necesario ante el riesgo de que los implicados obstaculicen el proceso "amparados en su posición". Alegó que ya lo hicieron el 12 de diciembre de 2024, cuando varios militares -sin autorización, fundamentación o informe previo- allanaron las viviendas del sector, entre ellas, la casa de uno de los testigos, quien habría encontrado desnudos y golpeados a los menores.

"Es un proceso dirigido y de amedrentamiento. El servidor que dirigió el operativo encontró la ropa de los niños y la entregó al policía a cargo. Cómo fue que ubicó el hogar del ciudadano, quién se lo dijo, cómo llegó al lugar de los hechos. Hay que aclarar esas cosas que generan ruido en la investigación", repitió el abogado.

El abogado de las familias de los menores relató que uno de los militares alegó tener una enfermedad catastrófica, pero en el expediente no consta esa condición. Apuntó que esa declaración deberá ser documentada y evidenciada con una "pericia médica legítima". Explicó que la sala deberá revisar caso por caso y analizar si puede o no suspenderse la prisión preventiva.

"Confiamos en que la justicia hará lo correcto. Hay elementos contundentes y desde el Comité dudamos que se otorgue una medida sustitutiva. Esperemos que la verdad y justicia se hagan presentes", precisó el magistrado.

Un video filtrado

Previo a la audiencia de apelación a la prisión preventiva, el abogado de los militares, Jesús López, filtró un video en el que supuestamente se divisa a los menores debajo de un puente del sector. Para él, esa sería la "evidencia" de que los jóvenes habrían cometido un acto delictivo. No obstante, en el clip no se observa tal hecho. Ante eso, Aguirre manifestó que la vestimenta y complexión corporal de los sujetos del video son distintas a la de los jóvenes.

Para él, ese video "no aporta nada a la investigación". Además, enfatizó que las partes defensoras implicadas habrían jurado no mostrar los videos que surjan en el proceso.

"Lo hizo de manera miserable. Nos comprometimos el 18 de diciembre en el área de criminalística a que eso no se iba a filtrar. Utilizaron eso para tratar de empañar la imagen de los niños de Las Malvinas y, más allá de eso, el procedimiento que tuvieron los servidores erosiona y vulnera los derechos", puntualizó la defensa de las familias de los menores.

Aguirre aseguró que los niños no tenían antecedentes penales o formaban parte de un grupo de delincuencia organizada (GDO) o delincuencia común. La FGE y el Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH) aseguraron que no existen denuncias contra los menores.

"Con esa argumentación pretenden posicionar que eran delincuentes y que lo que les pasó lo tenían merecido. Eso no lo podemos permitir. No es posible que el gobierno solape estos actos delincuenciales, salga en medios de comunicación y trate de minimizar el hecho", reprochó Aguirre.

(I)

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