"El ministro Loffredo ordenó la reserva de información que salga en casos de desapariciones", alerta delegado del CDH que sigue el caso Malvinas

El 31 de diciembre de 2024, las autoridades confirmaron que los cuerpos incinerados hallados en Taura pertenecían a los cuatro niños de Las Malvinas que desaparecieron el 8 de diciembre del mismo año; desde entonces las investigaciones continúan para dar con los responsables. El representante del Comité de Derechos Humanos (CDH) en Guayaquil, Fernando Bastias, relató que el último indicio del caso es el informe del médico legista que, aunque no dio pistas sobre la causa de muerte de los menores, sí indicó que estuvieron en un contexto de violencia, pues encontraron impactos de bala y lesiones en algunos cadáveres.

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"Luego, los quemaron para ocultar la evidencia. Por el estado de putrefacción y descomposición, la perito no logró otorgar más elementos, por lo que no podemos establecer responsabilidades sobre alguien por la muerte de los niños. Las familias exigimos la verdad, pero no vamos a permitir que jueguen con las versiones en un contexto político", dijo Bastias en entrevista digital con Primera Plana, el 3 de abril de 2025.

 

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"Un autor intelectual"

El 31 de marzo de 2025, agentes del orden informaron sobre la detención de Bryan Vicente A., alias "Momo", quien supuestamente ordenó la muerte de los niños. Por su parte, Bastias aclaró que el implicado fue apresado por el delito de porte ilegal de municiones y no por un aspecto relacionado al caso. Sin embargo, mencionó que durante la investigación, un testigo -que desapareció– indicó que el implicado habría estado "bebiendo a las 23:00 con otros sujetos y, posterior a eso, desapareció a los menores".

"Sospechosamente, cuando se conoce el informe médico legista y se sabe sobre la vinculación de un teniente coronel, se pronuncian sobre la detención de este sujeto y le añaden una supuesta autoría intelectual. La forma en la que el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, lleva esto deja ver que no tiene interés en saber la verdad", repitió el representante de CDH.

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Bastias enfatizó que no están en contra de que se incluya en la investigación la presunta participación del crimen organizado, pero solicitó que no se descarte la responsabilidad de los 16 militares que llevaron el operativo. De la misma manera, denunció que el ministro ordenó que todos los informes de operativos, incluso aquellos ligados a casos de desapariciones, se conviertan en documentos reservados. Es decir, la información, bitácoras que aparecen en indicios de detenciones y desapariciones, serán secretos.

"Lo que los ministros ponen en redes, deben presentarlo en la Fiscalía porque es esa entidad la que imputa cargos y analiza los casos. De lo contrario, es un asunto meramente político. Hay 40 desapariciones más que se desarrollaron en el mismo contexto, con las mismas características", cuestionó Bastias.

(I)