Jacobo Bucaram fue detenido en Guayaquil y será enviado a Estados Unidos

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la detención de Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. La aprehensión se dio durante un operativo policial ejecutado en Guayaquil este miércoles 4 de noviembre de 2026.

En el procedimiento también fueron aprehendidas otras dos personas, cuyos nombres no fueron revelados.

Según informó Reimberg, Bucaram Pulley registra una Notificación Roja de Interpol y es requerido por la justicia de Estados Unidos. El funcionario señaló que los tres detenidos serán enviados a ese país, una vez que se cumplan los procedimientos legales correspondientes.

Como parte del anuncio, el ministro difundió una fotografía en la que aparece Jacobo Bucaram esposado y custodiado por dos integrantes del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) de la Policía Nacional.

• Abdalá Bucaram reacciona ante la detención de su hijo, en fiesta donde participantes portaban armas y autos de lujo

Reimberg sostuvo que las instituciones de seguridad mantienen sus operaciones bajo el mando del presidente Daniel Noboa y advirtió que quienes tengan asuntos pendientes con la justicia deberán responder ante las autoridades.

#ATENCIÓN

Jacobo Bucaram, quien tiene Notificación Roja de Interpol y es requerido por la justicia de Estados Unidos y otras dos personas vinculadas a este caso, fueron detenidos por la Policía Nacional en Guayaquil. Serán enviados a ese país conforme al proceso correspondiente.

El mensaje es claro: no hay privilegios, no hay intocables y no hay espacio para la impunidad.

Bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, la Policía Nacional y todo el Bloque de Seguridad, seguimos actuando con firmeza.

Quien tenga cuentas pendientes con la justicia tendrá que responder.

Seguimos trabajando.

— John Reimberg (@JohnReimberg) November 4, 2026

Jacobo Bucaram ya fue sentenciado por el caso Pruebas COVID-19

En Ecuador, Jacobo Bucaram enfrenta una condena de primera instancia de nueve años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada. La sentencia está relacionada con una investigación sobre una presunta red que comercializaba de manera irregular pruebas rápidas para detectar COVID-19 durante la pandemia de 2020.

Por otro lado, en diciembre de ese mismo año recibió un sobreseimiento dentro de un proceso por presunto tráfico de bienes pertenecientes al patrimonio cultural. La investigación se inició tras el hallazgo de varios artículos durante un allanamiento realizado en el marco de las pesquisas por el caso de las pruebas rápidas.

(I)