Noboa deja de lado el argumento de "conflicto armado interno" y se ampara en la "grave conmoción interna" para decretar un nuevo estado de excepción

El presidente Daniel Noboa renovó el estado de excepción por 30 días en siete provincias (Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos) y dos cantones (Distrito Metropolitano de Quito/Pichincha y Camilo Ponce Enríquez/Azuay) por grave conmoción interna.

Según el Ejecutivo, la intención del decreto es "garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica de los ciudadanos". A la par, dispuso la notificación a los ministerios de Defensa, del Interior, al Centro de Inteligencia Estratégica en coordinación con las entidades competentes, a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional (CC) y a la Organización de Derechos Humanos.

• "La Corte se convirtió en una entidad de los fines de semana; actúa los viernes o previo a un feriado", cuestiona el constitucionalista José Chalco 

Llamado de atención

El pasado 27 de febrero de 2025, la Corte declaró constitucional el decreto 493 con el que se aplicó el estado de excepción en las provincias donde se ratifica la disposición. Además, aceptó el alegato de grave conmoción interna, pero consideró inconstitucional la causal del conflicto armado interno. De la misma manera, remarcó que la orden no aplica para los centros de privación de libertad por no contener una argumentación sustentada.

Presidente de Ecuador extiende por un mes más estado de excepción en 7 provincias https://t.co/QMK1LHLHfq

— el Nuevo Herald (@elnuevoherald) March 4, 2025

Posterior a eso, la CC dispuso establecer un mecanismo técnico para superar los problemas estructurales de violencia y crimen organizado y la conformación de la Comisión Interinstitucional de coordinación, planificación e implementación de medidas estructurales. Además, llamó a la Fiscalía General del Estado (FGE) y demás autoridades a investigar y determinar a los responsables y sancionar las denuncias sobre actos en contra de la vida e integridad de las personas durante el estado de excepción.

(I)