En la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional se revisa la Ley Humanitaria; se discuten mecanismos de flexibilidad laboral ante la crisis

La Ley de Apoyo Humanitario está en revisión en la Corte Constitucional (CC) y en la Asamblea, cuatro meses después de entrar en vigencia, reseña Diario El Comercio. El debate se centra en los mecanismos de flexibilidad laboral, ante la crisis.

La norma acumula en la Corte 23 demandas de inconstitucionalidad. El jueves 29 de octubre se desarrolló la primera audiencia pública. Otras 30 personas pidieron participar con el recurso de amicus curiae, además de los demandantes. En contra de las medidas de flexibilidad laboral que incluye la Ley, entre ellas la reducción de la jornada laboral, se evidenciaron tres grupos, uno de estos compuestos por sindicalistas y organizaciones sociales como el FUT, CUT y Parlamento Laboral.

Desde el artículo 16 hasta el 20 de la norma, estos grupos solicitaron que declare inconstitucional esta Ley. El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, se unió a esta visión. Señaló que este cuerpo legal crea precariedad e inequidad para los trabajadores del país, y que a la vez restringe los derechos en materia laboral.

También se presentaron, en un segundo grupo, abogados del Comité Empresarial Ecuatoriano y otros gremios de la producción. Pedían que se declare inconstitucional la disposición interpretativa única al artículo 169 del Código del Trabajo sobre los despidos por causa fortuita o por fuerza mayor.

“¿Cómo afecta esta disposición a los derechos de los trabajadores?”, inquirió el juez sustanciador de la causa. A ello, Alí Lozada, al abogado de Expoflores, Édgar Neira, dijo que la Asamblea Nacional no tenía atribución para incluir el texto que atenta a la seguridad jurídica.

Aseguró que esto condiciona la terminación de los contratos laborales al cese total y definitivo de las empresas, cuando algunas debieron ajustar su nómina para seguir funcionando y preservar el derecho al trabajo de muchos empleados.

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Por su parte, el abogado del Comité Empresarial, Emilio Gallardo, pidió que también se declare como inconstitucional al inciso segundo del artículo 17 de la ley, que incrementa el cálculo de la indemnización en caso de que un juez determine una aplicación injustificada de la causal de fuerza mayor.

Además se presentó el asambleísta alterno del correísmo Luis Molina, quien pidió que Corte declare la inconstitucionalidad de la disposición con la que se suspendió el pago de las pensiones vitalicias a exmandatarios que no terminaron su período, o que tienen sentencias. Dijo que en el caso del expresidente Rafael Correa se aplicó de forma retroactiva. Su equipo además rechazó que no le permitieran participar en esa audiencia al candidato presidencial de Unes, Andrés Arauz.

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El director de la asesoría jurídica del Ministerio, Byron Valarezo, y Jaime Muñoz, abogado del Parlamento, argumentaron que la ley no vulnera derechos laborales, y que se trata de una medida “temporal” y “equilibrada para enfrentar la crisis”. Muñoz pidió que estas causas sean archivadas.

Por otra parte, en la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización arrancará en noviembre una investigación sobre la reprogramación de líneas de crédito con entidades del sector financiero y no financiero, que también se contemplan en esta Ley Humanitaria. (I)