Ejecutivo podría publicar inmediatamente la Ley de Solidaridad: esto contempla el documento

La Asamblea Nacional envió este 9 de junio de 2025  el texto final de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, al Ejecutivo. Esta propuesta económica urgente del oficialismo busca golpear directamente el sistema financiero del crimen organizado,  con el objetivo de proteger a comunidades vulnerables en zonas violentas del país.

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El proyecto, compuesto por 18 artículos y 20 disposiciones, se aprobó en segundo debate el sábado 7 de junio, con el respaldo de 84 legisladores. Ahora, el Gobierno tiene 30 días para pronunciarse, aunque la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) ya adelantó que el mandatario enviará de inmediato el texto para su publicación en el Registro Oficial, con lo cual entrará en vigencia.

Con 84 votos a favor se aprobó la Ley de Solidaridad Nacional.🇪🇨✔️

💸 El crimen organizado no solo mata, también lava dinero y compra poder.

🚫 Esta ley permite incautar sus bienes y usarlos para proteger al pueblo.

📉 ¡Se acaba la fiesta de la economía criminal! pic.twitter.com/0oBGmZzXmg

— Paola Jaramillo (@PaolaJaramilloZ) June 8, 2025

¿Qué contiene la Ley de Solidaridad Nacional?

La normativa contempla un paquete de medidas dirigidas a reforzar la seguridad interna, proteger a víctimas del crimen organizado y fortalecer el accionar de las fuerzas del orden. Entre los puntos clave se incluyen:

• Aumento de penas para delitos relacionados con el tráfico de combustibles, una de las fuentes de ingresos del crimen organizado.

• Modificaciones al régimen de rehabilitación social, para mejorar la gestión penitenciaria.

• Un mecanismo de indulto diferido que impediría que policías y militares sean sometidos a prisión preventiva cuando actúan en cumplimiento de su deber.

• Protección, prevención y reparación para personas en territorios afectados por la violencia.

Desde el oficialismo, la ley se presenta como una herramienta clave para “quitarle poder económico al crimen organizado” y fortalecer el control estatal sobre los territorios en disputa por bandas delictivas.

(I)