La Conaie alerta sobre posibles riesgos naturales tras el proyecto de ley enviado por el Gobierno

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) advirtió sobre posibles riesgos naturales ante el proyecto de ley de energía y minería propuesto por el Gobierno de Daniel Noboa. El tratamiento de la propuesta iniciará este martes, 3 de febrero de 2026.

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La organización manifestó que este proyecto generó alarma entre los pueblos de las nacionalidades indígenas y las comunidades campesinas. Esto debido a un presunto riesgo sobre los derechos colectivos, ancestrales y fuentes de agua del territorio.

Según la agrupación, la medida prioriza "la agilización de inversiones extractivas sin establecer garantías claras y exigibles para la consulta previa". Además afirmaron que al sustituir licencias ambientales, por autorizaciones simplificadas, se vulnera el marco constitucional.

Alertas sobre la aprobación del proyecto de ley

La Conaie alertó sobre una posible flexibilización de controles ambientales y administrativos, especialmente en licencias, autorizaciones y uso de agua.

"Estas medidas debilitan la capacidad del Estado para prevenir daños irreversibles y afectan ecosistemas como páramos, bosques y ríos".

Bajo este punto consideran que, en un contexto de crisis climática, el agua debe ser protegida como bien común esencial para la vida.

Asimismo se presentó otra alerta por un supuesto modelo extractivista que "centrará decisiones estratégicas que ampliarían la participación privada mediante delegaciones de largo plazo, sin mecanismos efectivos de control social, transparencia ni rendición de cuentas", señalaron.

⭕ [COMUNICADO]

Alertamos al país frente al proyecto de fortalecimiento minero y energético impulsado por el Gobierno, que debilita la consulta previa, flexibiliza controles ambientales y pone en riesgo los territorios y el agua. Llamamos a la unidad en defensa de la vida. pic.twitter.com/e5tea7X3nl

— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) February 2, 2026

Por su parte, hicieron un llamado a la bancada de Pachakutik, para rechazar el proyecto e impulsar un amplio debate que coloque como prioridad a los territorios y al medio ambiente.

Finalmente, el tratamiento de esta normativa tiene un plazo de 30 días desde que entró en vigencia, tras ser enviada por el Gobierno Nacional.

Según Enrique Herrería, secretario jurídico de la Presidencia, la ordenanza "busca fortalecer los sectores de minería y energía, promoviendo inversión, seguridad jurídica, lucha contra la minería ilegal y modernización del sistema eléctrico nacional".

(I)