Caso Metástasis: Ficalía pidió prisión preventiva para trece nuevos vinculados, llamados la "cúpula criminal"

La fiscal general Diana Salazar solicitó prisión preventiva para los trece nuevos colaboradores de la "cúpula criminal" en el caso Metástasis, así fue como la funcionaria judicial los denominó.

Esta solicitud se presentó este 15 de marzo de 2024, ante el juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdova, con el objetivo de asegurar que los involucrados puedan comparecer ante la justicia y evitar interferencias en el proceso judicial.

Durante la audiencia de vinculación, Salazar ubicó a trece personas como colaboradores de una estructura criminal, cuyo líder era el narcotraficante Leandro Norero, conocido como El Patrón. Según la investgación, la organización buscaba obtener fallos judiciales favorables, beneficios penitenciarios y acceso a información privilegiada de la Policía y la Fiscalía.

La Fiscalía detalló que dicha red se habría conformado en mayo de 2022 y operó hasta el 3 de octubre del mismo año, fecha en la que Norero fue asesinado en el Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi, en Latacunga.

Entre los trece vinculados se encuentran figuras prominentes como el exasambleísta Ronny Aleaga, la exfiscal provincial Yanina Villagómez, la académica Myriam Delgado y la colombiana Claudia Garzón. La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para vincular a estos sospechosos al delito de delincuencia organizada.

Otros nuevos vinculados en Metástasis

El resto de vinculados: el empresario Elio A., Ángel L., Marcel L. y Eduardo R.; Romel T., exadministrador de una constructora; los guías penitenciarios Katherine G. y Carlos M.; la teniente de Policía y perito Doris O.; y Juan Pablo J., proveedor de insumos médicos a hospitales públicos de Guayaquil quien al momento es procesado por el delito de peculado.

A través del  expediente del caso Metástasis se encontraron conversaciones y datos que revelan el nivel de poder e injerencia política de los señalados por Salazar. Además, existe la preocupación de que, estando en libertad, puedan atentar contra el equipo de fiscales y policías que llevan el caso, o que incluso puedan obstaculizar la investigación.

También se ordenó la retención de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes de los investigados, así como la emisión de órdenes de localización y captura para aquellos que se encuentren fuera del país.

(I)