Cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet, opción para acabar con la crisis desatada en Chile

Santiago / AFP

Una nueva Constitución, que reemplace la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), señalada como origen de las inequidades y la distancia del mundo político con la sociedad, empieza a plantearse como una de las posibles soluciones a la crisis que golpea Chile.

Aprobada en 1980, en un cuestionado plebiscito, la Constitución fue un traje a la medida para que el régimen de Pinochet y los sectores conservadores pudieran mantener su poder, incluso más allá del fin de la dictadura en 1990. Su ideólogo Jaime Guzmán -asesinado por un comando de izquierda en 1991-, instauró quórums altísimos para cualquier modificación de fondo de la carta magna.

La carta original estableció además una serie de "enclaves autoritarios", como califican sus críticos al hecho de que se fijaron senadores designados y la imposibilidad de remover a los jefes de las fuerzas armadas, un aspecto que recién en 2005 fue sacado de la carta fundamental tras un gran acuerdo político.

En esos años se llegó a plantear que se estaba ante el fin de la "transición" a la democracia. "Chile cuenta hoy con una Constitución que no nos divide", dijo entonces el presidente socialista Ricardo Lagos, al estampar su firma en la reformada carta magna y retirar de ella la firma de Pinochet, el 17 de septiembre de 2005.

Pero expertos consideran que aún quedó mucho por hacer y, tras un intento fallido de establecer una nueva Constitución durante el segundo gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2006-10; 2014-18), esta opción aparece ahora como una de las posibles soluciones a la grave crisis social que mantiene semiparalizado el país desde el 18 de octubre, y que suma 20 muertos.

Parlamentarios de oposición reactivaron una iniciativa legal para establecer una asamblea constituyente, como un primer paso para avanzar hacia una nueva Carta magna. El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna, también adhirió el miércoles a esta iniciativa.

La crisis va a un ritmo tan vertiginoso que el presidente Sebastián Piñera se ha visto obligado a dar giros de posturas que hace dos semanas eran inimaginables. "No descarto ninguna reforma estructural", dijo el miércoles al ser consultado sobre la eventualidad de una reforma constitucional.

Estado ausente

Con un vicio de origen, la Constitución de Pinochet se sitúa al frente de los reclamos de los chilenos, que piden ahora más participación en la toma de decisiones y reformas sociales en sectores clave en el marco de un modelo de economía abierta a los mercados.

Durante la dictadura se implementaron reformas que hicieron que el Estado perdiera prácticamente toda presencia y poder de regulación precisamente en educación, salud y sistema de pensiones, los tres pilares de las protestas en las calles de estos días.

"Tenemos un sistema que es muy jerárquico, que desconecta a la ciudadanía del poder político. Aquellos países más estables de América Latina, como Uruguay, tienen todo tipo de mecanismos de participación política y se usan y no son traumáticos", explicó Claudio Fuentes, analista de la Universidad Diego Portales.

Precedente simbólico

Si bien los analistas concuerdan en que un cambio en la Constitución no resolverá los problemas más inmediatos reclamados en las protestas, marcaría un punto simbólico desde el cual se puede empezar a aliviar la alta tensión en las calles.

"Estoy convencido de que necesitamos una nueva Constitución y la necesitamos no para corregir todos los problemas del subdesarrollo o de la desigualdad; sino para hacer todas las cosas que tenemos que hacer; necesitamos instituciones más legítimas", dijo el abogado constitucionalista Patricio Zapata. "Acá hay un tema que es simbólico de lo que representa esta Constitución, porque obviamente nació en dictadura", aseguró por su parte el abogado Sebastián Zárate, de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Acogiendo una petición ciudadana, Bachelet planteó en su último gobierno una nueva Constitución. Para ello, llamó a diálogos ciudadanos que se cerraron en agosto de 2016, con una escasísima participación, de no más de 200.000 personas en todo Chile.

La falta de participación ciudadana puso en duda en esa época el interés real de los chilenos en reformar la carta fundamental y le restó a Bachelet espacios para poder presionar por esa vía al Congreso. "Si me hubieran preguntado hace tres semanas, yo consideraba que era una locura una Constitución nueva, pero ahora sí considero que forma parte de un pacto refundacional", agregó Zárate. (I)