El mundo del fútbol recibió un balde de agua fría el 25 de noviembre del 2020. En su casa de San Andrés (norte de Buenos Aires) fallecía Diego Armando Maradona. Desde el primer momento se tomó como una muerte natural, debido a su vida llena de excesos y abuso de los estupefacientes. Sin embargo, sus hijas empujaron para que no quedara ningún cabo suelto, pues para ellas el astro argentino fue llevado por su entorno hacia el peor de los destinos.

Entonces inició una investigación fiscal y a medida que fue avanzando se encontraron elementos para convertirla en un proceso judicial. Filtraciones de chats de WhatsApp, notas de voz, análisis forenses del cuerpo de Maradona y presuntas falsificaciones de firmas fueron suficientes para que un total de siete personas estén como "investigadas por homicidio con dolo eventual".

¿Cómo va el juicio de la muerte de Maradona?

Todo proceso judicial es lento y necesita de certezas para poder emitir un fallo o sentencia. Y el caso de Maradona, aunque se trate de uno de los mejores futbolistas de la historia, no puede ser la excepción. No obstante, sí han obtenido avances que le permitieron darle la calificación de imputados y privativa de salida del país a los involucrados. Todos son del cuerpo médico que estaba a cargo de la salud del "Diez", entre los que resalta su médico de cabecera, el neurocirujano Leopoldo Luque.

Los investigados:

  • Leopoldo Luque: neurocirujano y médico de cabecera
  • Carlos Ángel Díaz: psicólogo
  • Agustina Cosachov: psiquiatra
  • Nancy Forlini: médica que coordinó la hospitalización domiciliaria
  • Mariano Perroni: coordinador de enfermeros
  • Ricardo Omar Almirón: enfermero
  • Dahiana Gisela Madrid: enfermera

Uno de los primeros informes de la justicia, tras realizar el estudio forense y recoger los datos de la actuación médica de Maradona encontró un trato "inadecuado, deficiente y temerario", por parte del equipo de salud. A partir de este dato la justicia investiga y cada uno de los imputados ha tenido que pasar por diferentes audiencias para rendir testimonios ante la justicia.

No hay sentencias, ni tampoco acusados. Pero en el supuesto caso de que alguno de los señalados sea hallado culpable, el delito tiene una pena que va desde los 8 hasta los 25 años de prisión, reseñó Goal.

(I)

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