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La razón por la que declararon inocente a Jorge Yunda y 13 personas en el caso de las pruebas PCR

El juicio se extendió por varios años debido a recusaciones, cambios de jueces y retrasos procesales.

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La Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha declaró este lunes, 22 de septiembre de 2025, la inocencia de Jorge Yunda, exalcalde de Quito, y de otras 13 personas procesadas por presunto peculado en la compra de 100.000 pruebas para detectar Covid-19 en 2020.

Así se cierra uno de los procesos más mediáticos de la pandemia, que durante cinco años mantuvo bajo investigación a exfuncionarios municipales y a representantes de la empresa proveedora Salumed S.A.

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¿Qué investigaba la Fiscalía?

En abril de 2020, en plena emergencia sanitaria, el Municipio de Quito contrató la adquisición de pruebas PCR por $ 4,2 millones. Según la Fiscalía, en lugar de pruebas PCR se entregaron kits RT-LAMP, considerados de menor sensibilidad, lo que habría ocasionado un perjuicio económico de más de $ 2,2 millones.

Se señalaba siete irregularidades principales:

  • Entrega de pruebas diferentes a las contratadas.
  • Incumplimiento de especificaciones técnicas.
  • Problemas en la cantidad de kits entregados.
  • Delegación de responsabilidades mediante resoluciones de Alcaldía.
  • Uso de pruebas cuestionadas por el Municipio.
  • Terminación del contrato sin ejecución de garantías.
  • Glosa de $ 2,5 millones determinada por la Contraloría.

La acusación ubicaba a Yunda como autor mediato del presunto peculado. Otros exfuncionarios eran señalados como autores directos. Entre ellos la científica ecuatoriana, Linda Guamán, quien formaba parte en ese entonces de la Secretaría Metropolitana de Salud.

El fallo de la Corte

Tras una audiencia reinstalada este 22 de septiembre, la Sala de la Corte Provincial concluyó que no existían pruebas suficientes para responsabilizar penalmente a los acusados. La resolución absolvió a los 14 procesados.

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De esta manera, Yunda y los demás quedan en libertad de cargos, aunque la Contraloría mantiene la glosa civil de $ 2,5 millones contra algunos exfuncionarios y la empresa contratista.

Desde la defensa de Yunda se aseguró que la decisión ratifica que las pruebas adquiridas fueron útiles y respondieron a la emergencia sanitaria.

(I)

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