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Comunidad

Guayaquil: Transportistas reciben aviso por correo sobre sanciones penales y administrativas ante intento de suspensión del servicio

La notificación fue enviada a las cooperativas y a los representantes de las operadoras de transporte público, luego que se diera a conocer de manera extraoficial sobre un posible intento de paralización

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Este sábado 7 de septiembre, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil reiteró la prohibición de interrumpir el servicio de transporte público en la ciudad. Además, advirtió que quienes incumplan esta medida serán sancionados.

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La notificación fue enviada por correo electrónico a las cooperativas y a los representantes de las operadoras de transporte público, luego que se diera a conocer de manera extraoficial sobre un posible intento de paralización en los próximos días.

Apagado de motores

Líderes de las cooperativas de transporte en Guayaquil señalaron que la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug) los convocó para coordinar acciones que llamen la atención del alcalde Aquiles Álvarez, entre ellas, un posible apagón de motores en los próximos días. Ellos se mantienen atentos a cualquier nueva medida que se pueda implementar.

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Detalles del comunicado

El comunicado especificaba que, según el artículo 46 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el servicio de transporte terrestre se considera un servicio estratégico del Estado.

Por esta razón, los contratos de operación y los títulos habilitantes imponen la obligación de brindar el servicio de forma continua y eficiente, garantizando la movilidad y el bienestar de los ciudadanos. Además, en un comunicado que publicó la ATM en ‘X’, se menciona que lo transportistas recibirían sanciones penales y administrativas si continúan con la idea de suspender el servicio público.

Diálogo y sanciones

Dichas acciones podrían derivar en sanciones, según la normativa vigente. Por ello, se instó a todos los operadores y trabajadores a cumplir sus obligaciones contractuales, evitando acciones que perjudiquen a los usuarios y a la comunidad.

Se añadió que si existieran reclamos, estos sean canalizados a través de las vías legales correspondientes, fomentando el diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas.

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