La decisión forma parte del plan de seguridad interna del Ejecutivo, que ha incrementado acciones contra el crimen organizado.
Estos recortes se enmarcan en la política de ajuste fiscal del Gobierno.
El detenido fue entregado a las autoridades judiciales para continuar con el proceso legal.
El operativo se ejecuta bajo protocolos de seguridad y respeto a los derechos humanos, según la entidad.
Una de las medidas es el despido de 5.000 funcionarios públicos, que ya empezaron a visualizarse.
Aseguran es una medida necesaria y acertada por parte del Gobierno.
Las medidas generaron rechazo en colectivos ambientalistas, feministas, médicos y culturales.
El Gobierno colombiano calificó el hecho como una "expulsión" ejecutada por el Estado ecuatoriano.
El recorte forma parte de la estrategia del Gobierno para controlar el déficit fiscal.
Unape hizo un llamado a colectivos, universidades, pueblos, nacionalidades y ciudadanía.
