Tras los jueces y fiscales: en esto consiste estrategia del Ministerio del Interior y UAFE para evitar liberación de criminales

El Ministerio del Interior y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) anunciaron este 13 de junio de 2025 una alianza estratégica para investigar el origen patrimonial de jueces y fiscales que benefician a delincuentes. Esto mediante medidas de fiscalización más estrictas, en lo que califican como una respuesta integral para combatir la impunidad.

• Esto es lo que ocurre con la Ley de Innovación y la inclusión de reformas para procesar a menores como adultos

Esto es lo que detalla el comunicado:

1. Revisión del patrimonio de jueces, fiscales y sus entornos, para asegurar fuentes de ingresos lícitas.

2. Poner fin a los casos en los que la Policía captura hasta 10 veces a los mismos delincuentes, quienes debido a medidas judiciales permisivas salen en libertad sin atravesar el proceso judicial correspondiente.

3. Esfuerzo conjunto estructural: mientras la Policía captura a criminales, la UAFE rastreará sus finanzas y quiénes les facilitan la libertad, señala el anuncio.

4. Además, se indica que se enfocarán en casos graves como asesinato, extorsión o narcotráfico, donde los funcionarios otorguen medidas sustitutivas indebidas.

A la ciudadanía: pic.twitter.com/zecineTeqk

— Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) June 13, 2025

Por su parte, el ministro John Reimberg publicó en su cuenta de X un mensaje con el que refuerza lo anunciado: “Con @UAFE_EC y @JoseJulioNeira unimos esfuerzos contra la impunidad con la que muchos jueces han actuado”.

Con @UAFE_EC y @JoseJulioNeira unimos esfuerzos contra la impunidad con la que muchos jueces han actuado durante años para liberar delincuentes. Como Gobierno Nacional tenemos un objetivo claro que los criminales estén donde deben estar: en la cárcel. pic.twitter.com/ggOiZNsheg

— John Reimberg (@JohnReimberg) June 13, 2025

Ahora se espera posibles operativos interinstitucionales para detectar la presunción de delitos de prevaricato o enriquecimiento ilícito, por lo cual los funcionarios podrían enfrentaracciones legales.

(I)