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Ecuador

Así avanza la apelación a la prisión preventiva de los 16 militares implicados en el caso de Las Malvinas

Un testigo se suma a la investigación del hecho. Los menores desaparecieron el 8 de diciembre de 2024 y, hasta el 31 de diciembre, se identificaron sus cuerpos.

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Fernando Bastías, integrante del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil (CDH), indicó que la decisión de apelar la prisión preventiva de los 16 militares implicados en el caso de los cuatro niños de Las Malvinas (Ismael, José, Nehemías y Steven) ya se encuentra en una sala especializada. El juez a cargo decidirá si la prisión se mantiene o dicta medidas sustitutivas.

"Ahora se nombra a un Mono, Ñato, Ruco y Dani. Cualquiera puede decir que escuchó algo, pero la Fiscalía será la que determine y concluya si es real o no. Como defensa nos interesa saber la verdad. No vamos a permitir que alguien, de la noche a la mañana, aparezca como testigo y justo diga cosas que se regaron por ahí", cuestionó Bastías en entrevista digital con Radio Pichincha, el 15 de enero.

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En el curso de la investigación se identificaron otros dos "testigos" del caso que tienen que declarar en la Fiscalía General del Estado (FGE) para su posterior validación y verificación. El primer testimonio lo entregará el hombre que encontró a los cuatro niños desnudos y le prestó el teléfono a uno de ellos para que se comunicara con su padre. El segundo partiría de una persona que habría escuchado que gente de un grupo delictivo se llevó a los menores, los asesinó y tiró en el manglar.

Contrainterrogatorio

Bastías mencionó que, el día en que los testigos declaren en la Fiscalía, la defensa de las familias de los menores puede hacer preguntas. Aludió que hay escenarios de aquella noche que tienen algunas inconsistencias o vacíos. "Por ejemplo, qué más saben, por qué los tenía tanto miedo, qué vieron", dijo.

Explicó que del caso se desarrollaron tres escenarios: desaparición forzada, muerte de los niños y la responsabilidad estatal. Enfatizó que la primera arista se comprobó, pues los agentes los detuvieron, incomunicaron y, posterior a eso, desaparecieron. Aseguró que hay "elementos suficientes" para que un juez determine la ejecución extrajudicial.

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Reprochó que los militares justificaran el hecho con que eran nuevos en la ciudad. Además, insistió en que el procedimiento básico de detención lo conocen todos los agentes sin importar el lugar de origen. En caso de que sea verdad que desconocían el curso del proceso, Bastías mencionó que la responsabilidad política cae sobre el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, por la poca preparación de sus discípulos.

"En un país de derecho, el ministro y el presidente Daniel Noboa ya hubiesen sido enjuiciados por sus responsabilidades en el caso. El jefe de Estado fue el que movilizó a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y dio carta blanca para que actúen", refirió el integrante del CDH.

Reconstrucción de los hechos

La reconstrucción de los hechos está prevista para el 30 de enero de 2025 desde las 20:00. La diligencia se desarrollará con los militares implicados, su defensa, las víctimas, sus abogados y los testigos. La ruta será desde el lugar del arresto hasta Taura, lugar donde los agentes los habrían liberado. Según Bastías, ese será el elemento sustanciador para saber lo que realmente sucedió ese día.

"Los padres necesitan saber qué es lo que pasó. Los ministros pueden apelar las medidas que consideren necesarias, pero no tienen el derecho a mentir o menoscabar la memoria de los niños", concluyó el vocero de CDH.

(I)

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