Ecuador suspende actividad minera en Napo, Loja y El Oro: ¿A qué se debe esta medida y qué acciones se implementarán?

El Gobierno de Ecuador emitió una ordenanza para suspender toda actividad minera en Napo, Loja y El Oro, desde el lunes, 2 de febrero de 2026. La medida fue firmada por la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, quien se expresó horas después sobre el tema.

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Los informes técnicos evidencian que las actividades ilegales generan impactos negativos sobre ecosistemas sensibles y fuentes hídricas.

Esto incluye la restricción de todas las operaciones en las plantas de beneficio pertenecientes a las provincias de El Oro y Loja como eje central.

¿A qué se debe la suspensión minera?

Según el comunicado del ministerio, la resolución se fundamenta también, en los principios de precaución y prevención ambiental, en la obligación del Estado de proteger los derechos de la naturaleza, el agua y la salud de las comunidades.

“La minería ilegal es una amenaza directa contra nuestros ríos, nuestros bosques y la vida de las comunidades amazónicas", mencionó la ministra.

Asimismo señaló que se detectó la presencia extralimitada de metales pesados como cobre, plomo, arsénico y cadmio en los ríos Calera y Amarillo.

"No vamos a permitir que actividades clandestinas sigan destruyendo el patrimonio natural en la Amazonía y el sur del país", afirmó Manzano.

Por su parte, la Cámara de Minería del Ecuador manifestó que "ven con buenos ojos" las actividades enfocadas en la lucha contra la minería ilegal.

La entidad recalcó que para realizar este ejercicio se debe cumplir con estrictos estándares ambientales, técnicos y de control, por lo que todas empresas deben alinearse a la normativa vigente.

 

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Acciones de control

Como parte de la resolución, el ministerio dispuso el inicio inmediato de controles, inspecciones y procedimientos administrativos sancionatorios, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y con el respaldo de la fuerza pública.

Además, uno de los objetivos principales es detectar la actividad ilícita, suspender sus operaciones y decomisar maquinaria junto a material mineralizado para evitar nuevos daños ambientales en las zonas identificadas.

(I)