Esto es lo que ocurre con la Ley de Innovación y la inclusión de reformas para procesar a menores como adultos

La Asamblea Nacional se prepara para debatir  un nuevo proyecto de ley de carácter económico urgente: se trata de la Ley de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, que envió  el presidente Daniel Noboa y que apunta a modernizar la contratación pública y combatir la corrupción.

En ese sentido, la Comisión de Desarrollo Económico ha convocado para este  jueves, 12 de junio de 2025, para lograr aprobar el informe que irá a primer debate en el Pleno. Esta es otra de las normativas que ha causado debate entre asambleístas.

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¿En qué consiste esta Ley?

El proyecto busca implementar mecanismos de innovación tecnológica y transparencia en el sistema de compras públicas, con el fin de:

• Optimizar el desarrollo sostenible y equitativo.
• Prevenir la corrupción en la contratación pública.
• Mejorar la eficiencia de la gestión estatal.

Esto se alinea con el plan del gobierno de modernizar el Estado y digitalizar procesos para evitar sobreprecios y contratos irregulares.

La polémica se centra en:

Aunque el proyecto es de tipo económico, incluye reformas penales al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y al Código de la Niñez y Adolescencia, lo que ha generado críticas por una posible violación a la “unidad de materia” (principio constitucional que impide mezclar temas inconexos en una sola ley).

Las reformas penales buscan endurecer el tratamiento judicial a adolescentes infractores y sancionar con mayor severidad a jueces y abogados por delitos como prevaricato y fraude procesal.

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Las principales propuestas incluyen:

• Que adolescentes que cometan delitos graves (con penas mayores a 10 años) sean juzgados como adultos.

• Ampliar de 90 a 180 días el internamiento preventivo.

• Eliminar medidas socioeducativas para delitos con penas mayores a cinco años.

• Prohibir que estos menores accedan a regímenes semiabiertos o abiertos.

Fue el legislador Andrés Castillo de ADN, quien motivó la inclusión de cuatro reformas al COIP y siete cambios al Código de la Niñez y Adolescencia dentro de la ley económica urgente.

Por su parte, el exmilitante de RC, Sergio Peña, dijo que se puede introducir estas modificaciones en paralelo, siempre y cuando se mantenga la conexidad para justificar el fin en materia económica.

Otros, como Cristian Benavides y Carmen Tiupul, advierten que al no estar relacionadas con la contratación pública, estas reformas podrían ser declaradas inconstitucionales por violar la unidad de materia.

(I)