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Ecuador

Caso Tagaeri-Taromenane: Estado ecuatoriano apunta a la conciliación con las nacionalidades indígenas en la sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

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Dos décadas de disputas y señalamientos podrían comenzar a tener fin este martes 23 de agosto del 2022. Nacionalidades Indígenas y Estado ecuatoriano se presentan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso Tagaeri-Taromenane. Será en el 150 periodo ordinario de sesiones del organismo internacional, que se lleva a cabo en Brasilia, Brasil.

Por lo tanto, te explicamos todo lo que debes saber con respecto a esta disputa territorial, denuncia de masacre y una presunta vulneración del Estado ecuatoriano a los derechos humanos de estas etnias; las dos últimas del Ecuador que viven en aislamiento voluntario.

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Lo primero que hay que tener en cuenta con respecto a este caso es que se remonta a tres episodios violentos. De acuerdo a lo que informa la agencia EFE en los años 2003, 2006 y 2013 ocurrieron masacres en las que murieron aproximadamente 60 personas de los tagaeri y taromenane.

Explican que las matanzas se registraron dentro del Parque Nacional Yasuní; área natural protegida más grande del Ecuador continental. Representantes de las nacionalidades indígenas sostienen que allí había "presencia de actividades petroleras", siendo esto un territorio de los pueblos de aislamiento.

Según la Constitución del Ecuador la explotación de hidrocarburos en estas zonas está prohibida. Sin embargo, lo que está en discusión es si estas actividades ocurrieron más allá de la zona intangible establecida por el Estado dentro del Yasuní.

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Sesión de la CorteIDH

Leonidas Iza y dos integrantes más de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), acuden en representación de los tagaeri y taromenane.

"Estamos convencidos de que la Corte va a fallar a favor de estos pueblos", dijo a Efe el abogado Mario Melo, de la Fundación Pachamama, quien intervendrá en la audiencia en patrocinio conjunto con la Conaie y el Centro de Derechos Humanos de Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), y en compañía de abogados del colectivo Yasunidos.

"Va a reforzar la protección jurídica que tienen a nivel internacional y va a dictar medidas de reparación para que el Estado ecuatoriano se comprometa en el cumplimiento de estos derechos y en la protección de la vida y dignidad de estos pueblos", auguró Melo.

Mientras que en la contraparte acude un equipo del gobierno nacional junto a representantes de la Procuraduría General del Estado. Desde el poder ejecutivo emitieron un comunicado este mismo martes, en el que resaltaron que realizarán una defensa técnica que apunte hacia la conciliación de ambas posturas.

Campos petroleros en el Yasuní

Son varios los campos petroleros que tienen pozos cercanos a la zona intangible del Yasuní, establecidos bajo la declaratoria de interés nacional también contemplada en la Constitución y operados por la estatal Petroecuador. Desde la estatal de hidrocarburos aseguran que aplican estrictos protocolos para evitar cualquier afectación eventual al entorno natural.

Avances de la CIDH en el caso Tagaeri-Taromenane

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya elevó un informe a la corte en el 2020. En aquel entonces determinaron que los tres (episodios violentos) son el resultado de contactos con terceras personas". Señalaron que esto ocurrió "debido a la mencionada falta de garantías efectivas para impedir el acceso de terceros al territorio".

Asimismo, la CIDH concluyó que "el territorio ancestral de los pueblos tagaeri y taromenane excede los límites de la Zona de Intangibilidad Tagaeri y Taromenane (ZITT)".

También encontró que no se han tomado en cuenta los patrones estacionales de siembra y recolección, generando contactos; afectando su subsistencia y la entrega en concesión y explotación de sus territorios intangibles a empresas.

La CIDH estableció que, bajo la premisa de no contacto y de autodeterminación de los pueblos indígenas, "no es posible intervenir sus territorios para aprovechamiento económico cuando ello pueda entrar en tensión con la salvaguarda de su subsistencia".

(I)

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