El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) presentó una denuncia en la Fiscalía General. En ella se pide que se investigue un presunto delito de peculado en la adquisición de respiradores que realizó el Ministerio de Salud Pública, durante la emergencia sanitaria, reseña Diario El Universo.
La denuncia la presentaron los consejeros David Rosero y Sofía Almeida, la mañana de este miércoles 2 de diciembre en Quito.
Los funcionarios aseguraron que hay irregularidades en un proceso de adquisición de respiradores para la red pública de salud, por 9,9 millones de dólares. Se explicó que en agosto pasado se había suscrito el contrato.
De este monto, se había entregado un anticipo de más de $ 4 millones 500 mil dólares a un proveedor. Lasgarantías pertenecen a una cooperativa de ahorro y crédito, pero que solo podía "respaldar $ 45 mil", precisó Almeida.
Rosero explicó que las investigaciones al interno del CPCCS arrojaron que se trataría de un presunto delito de peculado, por lo que debe investigarse al Ministerio, la cooperativa de ahorro y crédito y el contratista.
El contrato se había rescindido de forma unilateral. Según el consejero, hasta el momento, el Consejo ha realizado investigaciones y presentado denuncias en la Fiscalía, en nueve contratos que se realizaron durante la emergencia sanitaria por el COVID 19.
El contrato fue otorgado por emergencia durante la pandemia. El objeto es la provisión de “respiradores con eficiencia de filtración mínima del 95 % quirúrgico con mascarilla de filtrado”, explicó Rosero, respecto al presunto peculado. (I)
