Esto dijo la portavoz del Gobierno ecuatoriano en cuanto a cifras de seguridad y corrupción judicial: dos sentencias a favor de empresas se revocaron

En rueda de prensa de este 30 de junio de 2025, la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, realizó cuatro anuncios en materia de inversión extranjera, seguridad, corrupción judicial y educación ate hechos violentos.

Como un logro de la gira internacional del presidente Daniel Noboa, dio detalles sobre los $ 1.000 millones que ingresarán al país a través de empresas privadas dedicadas a la generación energética. Posteriormente informó que hay una baja de homicidios en relación al año pasado:

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Junio cierra con baja de homicidios

Este fue el segundo anuncio de Jaramillo, quien informó que junio de 2025 cerró con 518 homicidios, la cifra más baja en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando se registraron 592 muertes violentas.

El Gobierno atribuye esta baja a una estrategia de seguridad sostenida, de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. “Este resultado es fruto de un trabajo de inteligencia preventiva y operativo”, afirmó la funcionaria.

La vocera también reiteró que la recaptura de alias Fito, líder de Los Choneros, fue posible gracias al Operativo Centinela, que previamente golpeó su estructura financiera, en una acción conectada con el Operativo Gran Fénix. Según detalló, esa estructura de lavado de activos ya permitió incautar 13 millones de dólares, producto de 37 allanamientos, 47 incautaciones y seis órdenes de prisión preventiva.

Además, informó que el Gobierno ha identificado a 19 objetivos de alto valor, de los cuales 9 ya han sido capturados.

Se recupera $ 9,3 millones tras revocatoria de sentencias

El tercer anuncio fue en el ámbito judicial. Jaramillo reveló que la Corte Constitucional revocó dos sentencias consideradas ilegítimas, que beneficiaban a las empresas Cobalt Management y constructora Carlo Poggi Barbieri.

Gracias a esta decisión, el Estado recuperará 9,3 millones de dólares, distribuidos en $ 6,8 millones y $ 2,5 millones, respectivamente. Además, se ordenó una investigación penal contra los magistrados involucrados, quienes habrían actuado con dolo.

La vocera recordó que esta acción nace de una denuncia hecha por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en noviembre de 2024, y sostuvo que estas decisiones son clave para “recuperar la confianza ciudadana en el sistema judicial”.

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(I)