Por esta razón, Daniel Noboa vetó por séptima vez el proyecto de reforma a la Ley de Cultura, sumándose a otras normativas rechazadas

Errores de fondo, de forma y de puntuación llevaron al presidente Daniel Noboa a vetar completamente el proyecto de reforma a la Ley de Cultura, aprobado por la Asamblea el 30 de septiembre de 2024.

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Observaciones al documento

Desde Cali, Colombia, donde Noboa asistió el 29 de octubre de 2024 a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), presentó 18 observaciones al texto elaborado por la Comisión de Cultura, liderada por el Partido Social Cristiano (PSC).

Inicialmente, el Ejecutivo criticó el uso repetitivo del término "Casa de la Cultura del Ecuador" en todo el proyecto, en lugar de referirse a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.

Este error llevó a la Asamblea Nacional a enviar un oficio a la Presidencia de la República, fechado el 10 de octubre, solicitando una fe de erratas para corregirlo.

Sin embargo, el Gobierno considera que no es solo un error de forma, sino de fondo, ya que varias disposiciones de la ley reformatoria dependen de un nombre que, en realidad, no existe.

VETO TOTAL
El presidente Noboa vetó totalmente la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Cultura.

Este es el séptimo proyecto de la Legislatura que rechaza Noboa en su totalidad. pic.twitter.com/5diU6TyzEk

— LaDefensa (@LaDefensaEc) October 30, 2024

Además, el veto total señala que "no puede corregirse mediante una fe de erratas, ya que esto vulnera el derecho a la seguridad jurídica establecido en el artículo 82 de la Constitución".

En su intención de fomentar el arte y la cultura, los legisladores aprobaron la posibilidad de aplicar incentivos y estímulos para quienes destinen recursos a este propósito.

🟣 Informamos que el Presidente Nacional del Ecuador vetó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Cultura.#LeydeCultura pic.twitter.com/WpM1oRkTSr

— Casa de la Cultura Ecuatoriana (@CasadelaCultura) October 30, 2024

En su objeción, el presidente Noboa señala que implementar estos beneficios conlleva un impacto fiscal, ya que los incentivos monetarios, exoneraciones y otros similares implican una reducción en los ingresos que sostienen el Presupuesto del Estado.