Se aprobó la Ley de Integridad Pública y este es su contenido más polémico: ¿cuál es el siguiente paso para que entre en vigencia?

La Asamblea Nacional aprobó este martes, 24 de junio de 2025, la Ley de Integridad Pública, un proyecto con carácter económico urgente que envió el Ejecutivo. A pesar de su denominación, esta incluye reformas estructurales a múltiples cuerpos legales, por lo que generó una ola de críticas desde la oposición y otros sectores de Derechos Humanos.

Con 84 votos a favor, la norma plantea como objetivo principal combatir la corrupción, la violencia y mejorar la eficiencia del Estado. Sin embargo, su contenido va mucho más allá del ámbito económico, porque contempla modificaciones en al menos 19 leyes, que incluyen al Código Orgánico de la Función Judicial, el Código Penal, y normas sobre contratación pública y justicia juvenil.

Emergencia judicial y nuevos poderes al Consejo de la Judicatura

Uno de los cambios más relevantes es la inclusión del artículo 269.1 en el COFJ, que establece la posibilidad de declarar en emergencia a la Función Judicial. Esto permitirá al Consejo de la Judicatura (CJ), mediante aprobación de informes técnicos por mayoría simple, activar un régimen especial sin límite de tiempo.

Bajo este régimen, el CJ podrá:

• Implementar un ingreso expedito a la carrera judicial, sin estabilidad laboral.

• Reasignar presupuesto de forma inmediata.

• Evaluar de forma anticipada a jueces y fiscales.

• Contratar bajo condiciones de emergencia.

Polémica por penas a menores y reformas al sistema penal

Otro de los focos de controversia es la reforma que permitiría juzgar como adultos a menores de edad en casos de delitos graves. Esta disposición fue impulsada por el oficialismo bajo el argumento de frenar el uso de adolescentes por parte del crimen organizado.

“Queremos evitar que la juventud sea utilizada como carne de cañón”, dijo la asambleísta del oficialismo y promotora del proyecto, Valentina Centeno

Sin embargo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expresó su preocupación. Señaló que la medida es regresiva, inconstitucional y contraria a tratados internacionales, además de inefectiva frente a la inseguridad. También advirtió sobre su impacto negativo en la reintegración de los adolescentes y en el sistema penitenciario ya colapsado.

🔴 Pronunciamiento oficial. pic.twitter.com/17tuFiIyxI

— UNICEF Ecuador (@unicefecuador) June 25, 2025

Otro sector que expresó su inconformidad fueron las cooperativas, que rechazan una disposición incluida en la ley que podría equipararlas a bancos privados, lo que tendría implicaciones en su regulación y operación.

El siguiente paso

La Ley de Integridad Pública fue enviada por el presidente Daniel Noboa el pasado 27 de mayo. Ahora, el mandatario tiene 30 días para presentar observaciones o proceder a su publicación en el Registro Oficial.

(I)