Caso Las Malvinas: Ministerio de Defensa y FF.AA. apelaron el hábeas corpus en favor de los familiares de los menores

Por más de 20 días, los padres de los niños de Las Malvinas desconocieron su paradero y estado de salud. El 31 de diciembre y luego de la audiencia de  formulación de cargos contra los 16 militares implicados, se conoció que los cuerpos hallados en Taura sí pertenecían a las víctimas. El Estado, a través del Ministerio de Defensa, tenía un plazo de 10 días para ofrecer disculpas públicas a los parientes de los chicos. La decisión y otras medidas se fijaron en el hábeas corpus inductivo interpuesto por la defensa de los afectados.

• Ministerio de Defensa tiene 10 días para ofrecer disculpas públicas a familias de los menores desaparecidos en Las Malvinas

El Comité de Derechos Humanos de Guayaquil (CDH) alertó que la cartera de Estado y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) apelaron la medida que reconoció el delito de desaparición forzada de los menores. De la misma manera, Abraham Aguirre, abogado de las familias de los niños, enfatizó que el Gobierno Nacional y su equipo emitieron "disculpas falsas". Alegó que la acción se alinearía con la intención de "ocultar" la desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

"Esperamos que la justicia trabaje como lo ha hecho. Camine junto al dolor de los padres de las víctimas de Las Malvinas. Si el gobierno quiere contribuir, que aporte en las investigaciones y las pistas del caso", dijo Aguirre en Radio Pichincha.

Por su parte, Aguirre anticipó que esa apelación no impide que las medidas dictadas por la jueza Tanya Loor se cumplan y los padres de los menores de Las Malvinas reciban una reparación integral. Explicó que tampoco entorpece el proceso penal. La Fiscalía General del Estado (FGE) amplió a 90 días la instrucción fiscal para esclarecer el caso.

Como un aporte político

Aguirre reprochó que las autoridades pretendan "minimizar" el hecho. Argumentó que el fiscal a cargo descartó la versión del oficialismo de la detención en medio de un supuesto atraco. La declaratoria se dio ante la ausencia de testigos, denuncias o alertas del ECU 911. Asimismo, remarcó que si ese hubiese sido el caso, los militares tenían la obligación de trasladarlos hasta las unidades competentes.

Relató que, aquel 8 de diciembre, los menores fueron aprehendidos en un sector aledaño a una unidad judicial en Valdivia. Sin embargo, los militares decidieron llevarlos hasta Taura. Insistió en que los uniformados hicieron un mal procedimiento que contribuyó a la muerte de los niños.

"Esa retórica falsa. Tratan de ensuciar la imagen de cuatro niños desaparecidos. Es un acto recriminable que lo lleva un presidente candidato. No es un hecho aislado. El CDH tiene varios casos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada en el marco del conflicto armado interno. Una declaratoria que la Corte insiste que no tiene elementos de convicción", repitió el abogado de las familias de los chicos.

Apoyo de otras entidades

Luis Arroyo, padre de los menores Arroyo, pedirá la exhumación de los cuerpos para profundizar la investigación y esclarecer el motivo de la muerte. Los cadáveres fueron incinerados y "abandonados" en un manglar de Taura; eso hizo que los estudios se compliquen. No obstante, la autopsia reveló que murieron de forma violenta. Ahora, los familiares cuentan con el apoyo de una universidad extranjera, vinculada a la Fiscalía, para profundizar en el hecho. Los detalles y parte del proceso se conocerán en los próximos días.

Contrario a la declaración del ministro de Gobierno, José de la Gasca, sobre que esto no se trataría de un crimen de Estado o un hecho de lesa humanidad. Aguirre enfatizó que sí corresponde a un acto de ese grado, que las autoridades "intentan desviar".

"Llama la atención que un ministro se exprese así. Quienes conforman el gabinete son personas que no tienen el más mínimo decoro o respeto hacia las víctimas", apuntó Aguirre.

Situación de los militares

El 31 de diciembre de 2024, el juez Dennis Ugalde dictó prisión preventiva para los servidores. Posterior a eso, los presuntos implicados fueron trasladados a la cárcel de Latacunga; así lo confirmó su abogado, Jesús López, al Universo. Un día después, un militar pidió su paso a la cárcel 4, en Quito, y apelará la medida interpuesta por el magistrado. Las autoridades judiciales no se han pronunciado al respecto.

(I)