Gobierno hondureño rechaza ser estado "narco" ante acusaciones en EEUU

Tegucigalpa – AFP

Honduras rechazó este jueves que se haya convertido en un Estado que distribuye cocaína, como acusó la fiscalía estadounidense durante un juicio por narcotráfico en una corte de Nueva York.

El canciller, Lisandro Rosales, se quejó en rueda de prensa de que en el juicio contra Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, "se hizo una referencia al Estado de Honduras como una sofisticada acción organizada desde el gobierno de Honduras para distribuir cocaína".

Tony Hernández, de 41 años, un exdiputado, fue detenido en Miami en noviembre de 2018 acusado de cuatro delitos de narcotráfico por los cuales podría enfrentar entre cinco años de cárcel y cadena perpetua. El juicio podría terminar este jueves con la sentencia del jurado.

Rosales indicó que el gobierno envió dos notas al Departamento de Estado en el sentido de que "no tiene que ver el Estado de Honduras" en acciones individuales del hermano del presidente.

"No hay ninguna justificación para que Estados Unidos, a través de este proceso, esté atacando la legitimidad de un gobierno aliado, fomentando la desestabilización política y facilitando el querer tomar el poder por la oposición radical", señaló.

Cinco excapos de la droga presentados por la fiscalía como testigos en el juicio involucraron al presidente Hernández como coconspirador para el tráfico de cocaína desde los países productores de Sudamérica a Estados Unidos.

Entre otros señalamientos, los excapos aseguraron que entregaron dinero para la campaña del presidente Hernández, y que el mexicano Joaquín "Chapo" Guzman, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, también lo hizo.

Uno de los testigos aseguró que temían a Tony Hernández porque disponía de la policía y del ejército hondureño para sus operaciones de transporte de drogas, que venía en paquetes con sus iniciales "TH" impresas en laboratorios en Colombia.

El presidente de Honduras rechaza los señalamientos y los atribuye a una "venganza" de narcotraficantes que fueron extraditados o se entregaron a la justicia estadounidense.

Rosales aseguró que "el gobierno de Honduras no quiere tener injerencia alguna en el caso del acusado". (I)