¿Manipulación de nombramientos en el Cpccs? Fiscalía acusa a exconsejeros de asociación ilícita

La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra cuatro exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) por presunta asociación ilícita. La audiencia se realizó el sábado 15 de marzo de 2025 en la Corte Nacional de Justicia, en Quito.

Medidas cautelares para los implicados

El fiscal subrogante Wilson Toainga imputó a Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga, Yadira Saltos y la actual consejera Nicole Bonifaz. Según la acusación, los procesados actuaron juntos para influir en el nombramiento de autoridades estatales y favorecer a su corriente política.

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La denuncia se basa en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la asociación ilícita. Conocidos como la "Liga Azul" por su vinculación con el correísmo,  los exconsejeros se habrían reunido con jueces electorales para evitar su destitución y garantizar su permanencia en el CPCCS, que enfrentaba una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

El fiscal mencionó que en dispositivos electrónicos incautados a Verduga durante un allanamiento el 24 de enero se halló información sobre estrategias para tomar control de entidades estatales. Los implicados buscaron interferir en el nombramiento de vocales del Consejo de la Judicatura y en la Superintendencia de Bancos, buscando reemplazar a Roberto Romero von Buchwald por Raúl González.

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— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 15, 2025

Vínculos políticos y presuntas estrategias de control social

Durante la audiencia, Toainga aseguró que el CPCCS “se convirtió en la sede de un partido político” para influir en sectores estratégicos del Estado. Indicó que las acciones ocurrieron entre noviembre de 2024 y enero de 2025, con la intención de dilatar procesos judiciales hasta las elecciones presidenciales, en las que la candidata Luisa González aspira a ganar la presidencia.

Intento de fuga de Eduardo Franco Loor

Toainga solicitó arresto domiciliario para Franco Loor por su intento de salir del país, pero el juez denegó la petición. En su lugar, impuso prohibición de salida del país, presentación quincenal ante la Corte Nacional de Justicia desde el 31 de marzo y retención de cuentas bancarias por $5.640. Las mismas medidas fueron dictadas para Verduga, Saltos y Bonifaz.

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La defensa de Verduga pidió que pudiera presentarse en una delegación diplomática de Ecuador en el extranjero, pero la solicitud fue rechazada al no revelar su ubicación. En el caso de Franco Loor, se negó el arresto domiciliario debido a sus condiciones médicas y avanzada edad.

La consejera Nicole Bonifaz manifestó su desconcierto ante la acusación y pidió respeto a la función pública. Además, expresó su confianza en la imparcialidad del sistema judicial.

#AHORA | #CasoLigados: #FiscalíaEc solicita al Juez medidas de presentación periódica y prohibición de salida del país contra Augusto V., Betzy S. y Nicole B., mientras que para Eduardo F. pide arresto domiciliario y uso de dispositivo electrónico de vigilancia. pic.twitter.com/s9ZbFDn71v

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La Fiscalía sostiene que la Liga Azul planificó el control de la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura. Según Toainga, los procesados insistieron en la designación de González a pesar de que Romero ya había sido nombrado y solo faltaba su posesión en la Asamblea. La fase de instrucción fiscal comenzó el 15 de marzo y tendrá una duración de 90 días. (I)