Alianza de DDHH denuncia represión y uso de gas lacrimógeno en comunidades kichwas de Sucumbíos

La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador alertó el viernes, 3 de octubre de 2025, sobre hechos de represión y criminalización en la provincia de Sucumbíos, en el duodécimo día del paro nacional.

El viernes se desarrolló la audiencia de Gregorio Jorge Aguinda Grefa, comunero kichwa detenido la noche del 2 de octubre en la vía Lago Agrio – Coca. Según la organización, fue acusado de terrorismo y tentativa de asesinato tras un operativo con fuerte presencia policial y militar.
El juez dictó prisión preventiva pese a que la defensa presentó evidencias de que Aguinda es agricultor de larga trayectoria en su comunidad.

Detención del agricultor

La captura ocurrió el 2 de octubre a las 20:00, durante un desalojo en carretera. El despliegue incluyó camiones antimotines, personal policial y militar, vehículos civiles y uso de bombas lacrimógenas. La organización destacó que Aguinda vive en condiciones de pobreza junto a su esposa y nieta de 12 años, quienes quedaron en situación de vulnerabilidad.

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🚨 #AlertaUrgente | Represión y criminalización en Sucumbíos.

Comunero Kichwa acusado de terrorismo y militares agreden a una pareja al retornar a su casa. #ParoNacional2025 pic.twitter.com/ihmfXtFxUf

— Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (@DDHH_Alianza) October 4, 2025

Agresión a pareja kichwa

La misma noche, en el kilómetro 15 de la vía, militares agredieron verbal y físicamente a una pareja de la comunidad de San Bartolo que regresaba a su casa. La pareja aclaró que no participaba en protestas, pero recibió golpes y amenazas. Después, uniformados lanzaron gases lacrimógenos dentro de la comunidad y afectaron a niños, personas mayores y familias enteras.

Exigencias de las organizaciones

La Alianza por los DDHH y veedores locales exigieron al Estado el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza y del empleo de gases lacrimógenos en zonas habitadas. También demandaron que no se criminalice a defensores sociales mediante el derecho penal.
Pidieron a la Defensoría del Pueblo investigar las denuncias de abusos durante el paro y exhortaron a que se cumplan las recomendaciones de organismos internacionales sobre la protesta social y el respeto a los derechos colectivos.

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(I)