Ecuador
Inredh alerta por restricciones médicas en Imbabura: hospitales habrían recibido órdenes de no atender heridos
La organización afirmó que negar atención médica o realizar detenciones en espacios de salud constituye una violación de derechos fundamentales.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) emitió este martes, 14 de octubre de 2025, una alerta pública ante denuncias de presuntas restricciones en el servicio de salud en hospitales y centros de salud de Imbabura.
Según el comunicado difundido por la organización, se habría reportado el ingreso de convoyes militares a establecimientos de salud para retirar a personas heridas. Además, Inredh indicó que algunos centros habrían recibido disposiciones para no atender a heridos y dar aviso a la Policía Nacional en caso de que se presenten.
🚨 #AlertaUrgente | Denuncian que convoys militares están ingresando a hospitales y centros de salud en Imbabura para llevarse a personas heridas.
⚠️ Se ha ordenado a los centros de salud no brindar atención médica y alertar a la policía si llega alguna persona herida.
🚑 Estas… pic.twitter.com/kHHmBUGLKz
— INREDH (@inredh1) October 14, 2025
El derecho a la salud está protegido por la ley
El documento recuerda que el derecho a la salud está garantizado en el artículo 32 de la Constitución del Ecuador, el cual establece que la prestación de servicios debe regirse por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y bioética, entre otros.
Inredh también citó el artículo 7, literal j, de la Ley de Salud, que garantiza la asistencia médica en casos de emergencia en cualquier establecimiento público o privado, sin compromiso económico ni trámites previos.
En un segundo comunicado, la fundación hizo referencia al artículo 12 de la Ley de Derechos y amparo del paciente, que prohíbe la limitación del servicio en casos de emergencia. Ese artículo dispone que los centros de salud que incumplan la atención serán responsables por la salud del paciente y podrían asumir la obligación de indemnizar los daños causados por su negativa.
La organización afirmó que el impedimento al acceso del servicio de salud o realizar detenciones en espacios de salud constituye una violación de derechos fundamentales y contraviene los tratados internacionales de derechos humanos. Finalmente, solicitó que se garantice la atención en los centros de salud y el derecho al servicio de atención pública médica sin represalias, recordando que la vida y la salud son prioritarias en cualquier situación.
(I)
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