Corte Constitucional decidirá si acoge demanda contra cierre del Congreso en Perú

Lima – AFP

La corte constitucional de Perú decidirá el martes si hace lugar a una demanda de la oposición contra el cierre del Congreso, decretado por el presidente Martín Vizcarra hace un mes invocando la Carta Magna, en un fallo que puede profundizar la incertidumbre o ayudar a cerrar una prolongada crisis política.

"Es probable que mañana (martes) mismo tengamos ya la decisión adoptada", declaró el presidente del alto tribunal, Ernesto Blume, a periodistas.

El magistrado no descartó, sin embargo, que la decisión pueda "tomar unos días más", pues "todo depende del debate que se abrirá" luego de que el magistrado Carlos Ramos exponga el caso ante sus colegas, matizó Blume.
Es la primera vez que Perú enfrenta una situación donde el Tribunal Constitucional (TC) debe resolver una disputa política como el cierre del Congreso.
Los siete magistrados del TC tomarán la decisión en una sesión reservada sin acceso a la prensa, que se iniciará a media mañana del martes, señalaron a la AFP fuentes del tribunal.
"La decisión se denomina auto de calificación y puede orientarse por la admisibilidad o inadmisibilidad de la demanda" presentada por el jefe del cesado Congreso, el opositor Pedro Olaechea, para revertir la disolución ordenada por Vizcarra el 30 de septiembre, explicó Blume.

• Tres o cuatro meses

En caso de ser admitida, la demanda será evaluada en un lapso que fluctúa entre tres y cuatro meses, aseguró César Landa, un expresidente de la corte.
La demanda pide al TC que reabra el Congreso y restituya en sus escaños a los 130 legisladores afectados por la decisión de Vizcarra, que fue aplaudida por el 90% de los peruanos, según sondeos.

Además, la demanda solicita suspender a Vizcarra como presidente y anular la convocatoria a elecciones legislativas anticipadas, el 26 de enero próximo.

Un eventual rechazo del TC a la petición de Olaechea supondrá una gran victoria para Vizcarra, quien tiene un nivel de popularidad récord (79%), quien ha enfrentado al Congreso con energía y quiere cerrar la página del choque de poderes que marca a Perú desde 2016.

El cierre del Congreso es calificado de "golpe de Estado" por la oposición aglutinada en torno al "fujiaprismo", los partidos de la encarcelada Keiko Fujimori -hija del condenado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000)- y del difunto exmandatario Alan García (1985-1990 y 2006-2011).

• ¿Peligran elecciones?

Tras el cierre del Congreso, la oposición peruana pidió la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero ésta se lavó las manos y sugirió acudir al TC peruano para solucionar las diferencias.

"Si se admite, eso no significa que ponga en peligro las elecciones de enero", dijo el exmagistrado Landa, al poner paños fríos al incierto panorama.

La situación es compleja pues si la corte reabre el Congreso, la crisis política, que empieza a afectar la sólida economía peruana, podría profundizarse y prolongarse.

"La economía ha sido un rehén de los políticos" peruanos, dijo el economista Elmer Cuba, jefe de la consultora Macroconsult, quien destacó que desde hace dos años Perú crece dos puntos por debajo del promedio mundial, en contraste con años los anteriores.

La oposición ya sufrió un revés en el TC el 17 de octubre, cuando la corte rechazó incorporar como magistrado al abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo de Olaechea. Éste había sido elegido por el Congreso en una cuestionada votación horas antes de ser disuelto.

Una controversia sobre el sistema de designación de nuevos magistrados del TC llevó a Vizcarra a disolver constitucionalmente el Congreso, en momentos que el "fujiaprismo" se aprestaba a copar el alto tribunal designando exclusivamente a magistrados afines.

Pese a la disolución, funciona una Comisión Permanente del Congreso de 27 miembros, 21 de ellos opositores, que tiene facultades restringidas.

Los choques de poderes empezaron en 2016 cuando Pedro Pablo Kuczynski asumió la presidencia tras vencer en balotaje a Keiko. En esa ocasión, el fujimorismo ganó una amplia mayoría parlamentaria con la que arrinconó al mandatario hasta forzarlo a renunciar en 2018.

Simultáneamente, han avanzado las indagaciones de la fiscalía por el escándalo de la brasileña Odebrecht, que salpica a cuatro expresidentes, además de Keiko, lo que ha mermado su apoyo popular. (I)