Comisión de Educación de la Asamblea Nacional defiende la reforma a LOEI aprobada en el Gobierno anterior y que ahora está suspendida por la Corte Constitucional

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional defenderá la aprobación de las reformas a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe aprobadas en abril en el Gobierno de Lenín Moreno.

La nueva normativa tenía previsto empezar su aplicación, en el caso de los aumentos de sueldo que contempla,  en julio, pero el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el ciudadano Javier Bustos presentaron cada uno una demanda de inconstitucionalidad que fue aceptada por la Corte Constitucional. Este ente suspendió temporalmente su aplicación.

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Frente a esto la Comisión de Educación resolvió que la Ley reúne los requisitos legales y constitucionales. Esto tras la propuesta de titular de la Comisión, Manuel Medina, quien pidió su análisis y recibió a la presidenta de la Unión Nacional de Educadores, Isabel Vargas; a Jorge Escala, quien actuó como Asambleísta por un Día y a Leonidas Chiliquinga, ex secretario relator de la mesa legislativa, quienes detallaron el proceso de elaboración y aprobación de la reforma legal por parte de la Asamblea Nacional.

Aumento de sueldo y jubilación a los 25 años

Ambas demandas se centran en dos beneficios que contempla la ley: la jubilación especial para docentes tras 25 años de servicio sin límites de edad y el aumento del salario básico $ 817 a  $1.000.

Desde el IESS han alegado que los artículos 287 y 369 de la Constitución dicen que toda obligación financiera debe contar con una fuente de financiamiento. Con respecto a eso, el exsecretario de la Comisión, Leónidas Chiliquinga, dijo que el proceso de debate y aprobación de la ley, contó con informes de los Ministerios de Finanzas, Trabajo y Educación, así como de la Defensoría Pública y del IESS, de modo que cuenta con los sustentos legales, técnicos y constitucionales.

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Por su parte, Jorge Escala a nombre del gremio docente dice que la Ley "hace justicia con los maestros que han sido discriminados". Alega que los sueldos de los docentes públicos han permanecido congelados hace varios año y que el Gobierno solo destina el 3 % del PBI a la educación, cuando la Constitución prevé el 6 %.

Un aumento de sueldo a los maestros implica un incremento al gasto fiscal en USD 2 900 millones al año, según Finanzas.

La reforma a la LOEI presenta cambios en un 80 % y contiene 141 artículos.