Caso Malvinas: Testigo clave desaparece
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Ecuador

Caso Malvinas: Testigo clave desaparece y agrava un rumbo de la investigación

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Las familias de las víctimas exigen justicia.

Guayaquil, lunes 23 de diciembre del 2024 En los exteriores de la Fiscalia del Guayas, se concentraron activistas políticos, actores, personal de derechos humanos y familiares de los menores desaparecidos desde el 08 de diciembre. Ellos piden se esclarescan los hechos de la desaparición supuestamente en manos de personal militar Fotos: César Muñoz/API
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El testigo clave en el caso de los niños desaparecidos de Las Malvinas abandonó el programa de protección y no asistió a una audiencia crucial el 16 de enero de 2025, en el Complejo Judicial Valdivia, en Guayaquil.

Este caso involucra la desaparición, tortura y asesinato de cuatro niños del barrio Las Malvinas. La Fiscalía investiga dos delitos: desaparición forzada y asesinato.

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Detalles de la desaparición de los niños

La noche del 8 de diciembre de 2024, Saúl Arboleda (15 años), Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años) y Steven Medina (11 años) fueron aprehendidos por 16 militares cerca del Mall del Sur.

Los menores fueron trasladados a la Base Aérea de Taura, donde sufrieron torturas. Los militares afirmaron haber liberado a los menores, pero sus cuerpos calcinados aparecieron el 24 de diciembre en el estero Chabelo, Naranjal.

Testigos clave

El testigo ausente, identificado como Luigi V., afirmó haber presenciado cómo los niños fueron trasladados por criminales hacia un bote en Taura, donde los incineraron. Su testimonio era esencial para el proceso judicial por asesinato.

Sin embargo, Jesús López, abogado de los militares procesados, confirmó que el testigo abandonó el programa de protección y su paradero actual es desconocido.

Reconstrucción de los hechos

La reconstrucción de los eventos ocurrirá el 30 de enero de 2025, iniciando en el Mall del Sur y concluyendo en Taura.

Investigaciones en curso

Además del proceso por desaparición forzada, la Fiscalía investiga un posible secuestro con fines de asesinato.

El abogado de las familias, Abraham Aguirre, destacó que las evidencias apuntan a una responsabilidad directa de los militares en la desaparición forzada. Según el jurista, no se respetaron principios fundamentales del debido proceso.

“Cualquier agente que realiza una detención tiene la obligación de permitir que la persona aprehendida se comunique con un familiar o abogado de confianza, pero esto no ocurrió”, afirmó Aguirre. Además, señaló que los detenidos debieron haber sido llevados ante la Policía, lo cual tampoco se cumplió.

(I)

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