Ley de extradición en Ecuador: ¿qué cambiaría para los prófugos?
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Ley de extradición: ¿qué pasaría con sentenciados y procesados fuera de Ecuador si se aprueba la normativa?

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Durante la sesión también se revisaron propuestas de reformas al COFJ y COIP.

Comisión de Justicia y Estructura del Estado sesionando acerca del proyecto de Ley de Extradición. Foto: Asamblea Nacional.
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La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional inició el martes 2 de septiembre de 2025 el tratamiento del proyecto de Ley de Extradición. La propuesta fue presentada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, y plantea un marco legal para los procesos de extradición en el país. La presidenta de la Comisión, Rosa Alegría Torres, informó que el proyecto pasará a la fase de socialización. En esta etapa se dará a conocer el contenido a legisladores y ciudadanía.

El texto busca regular los procedimientos que permitan que personas procesadas o sentenciadas por delitos, y que se encuentren fuera del Ecuador, puedan ser requeridas por la justicia nacional. Con ello se pretende evitar la impunidad y asegurar la aplicación de la ley penal. Puesto que la Constitución actual prohíbe de forma absoluta la extradición de nacionales, estableciendo que deben ser juzgados en Ecuador, incluso por delitos transnacionales relacionados con crimen organizado, narcotráfico, trata, entre otros.

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Reformas paralelas al sistema judicial

Durante la sesión también se revisaron propuestas de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). Los cambios incluyen disposiciones sobre independencia judicial, justicia indígena y reconocimiento del criterio de autoridades de comunas, comunidades y nacionalidades. La Comisión analizó además medidas de capacitación y actualización para jueces y funcionarios, con programas de formación inicial, continua y de especialización.

Cambios al COIP

El debate incluyó posibles ajustes al Código Orgánico Integral Penal (COIP), en lo relacionado con causas atendidas inicialmente por la jurisdicción indígena. Estas disposiciones buscan precisar competencias y asegurar que se respeten los principios de interculturalidad establecidos en la Constitución, mencionó la entidad.

(I)

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