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Ecuador

Comisión de Garantías Constitucionales abre fiscalización por abusos en protestas y Conaie solicita juicio político para Reimberg y Loffredo

Entre las denuncias se mencionaron la militarización de comunidades y el uso de armas letales. También se habló de criminalización y difamación contra los pueblos indígenas.

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En el noveno día del paro nacional, este martes 30 de septiembre de 2025, representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) acudieron a la Asamblea Nacional. La dirigencia expuso denuncias de represión y vulneraciones a los derechos humanos en el marco de las movilizaciones contra el decreto ejecutivo 126 y medidas del Gobierno.

La Comisión de Garantías Constitucionales resolvió abrir un proceso formal de fiscalización. La decisión, adoptada por unanimidad, abarca los hechos reportados en Cotacachi y Otavalo. Lugares donde se registraron denuncias de abusos y la muerte del comunero indígena Efraín Fuerez, en Imbabura.

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Voces de las comunidades

A la sesión asistieron los dirigentes y representantes sociales como Marlon Vargas, presidente de la Conaie, Rafael Negrete del Movimiento Indígena de Cotopaxi, Soledad Puruhuá, Blanca Chancoso, Martha Tuquerrez y Fabián Cabascango, de la comunidad de Caluquí.

Los comparecientes solicitaron la liberación de las personas detenidas durante las manifestaciones. Indicaron que se trata de artesanos, comerciantes y artistas que ejercían su derecho a la protesta y rechazaron ser catalogados como terroristas.

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Peticiones

Entre las denuncias se mencionaron la militarización de comunidades y el uso de armas letales. También se habló de criminalización y difamación contra los pueblos indígenas. Los legisladores de la Comisión señalaron que los testimonios serán investigados. De comprobarse, los presuntos crímenes se procesarán por la justicia.

También, Vargas pidió a la Asamblea Nacional iniciar un juicio político contra los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y del Interior, John Reimberg. Según indicó, ambos serían responsables de los hechos de violencia registrados en las manifestaciones.

Con esta resolución, la Asamblea Nacional abre un proceso de seguimiento político y jurídico a lo ocurrido durante el paro nacional de 2025, que se mantiene en varias provincias del país.

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