Fiscalía de Venezuela ha logrado condenas para 292 agentes por violaciones de derechos humanos

El gobierno de Venezuela rechazó  las conclusiones de un informe de una Misión Internacional Independiente de la ONU que da cuenta de violaciones de derechos humanos que abarcan "crímenes de lesa humanidad" presuntamente cometidos por agentes del Estado contra opositores.

"Venezuela expresa su más categórico repudio a las acusaciones falsas y sin fundamento realizadas por la supuesta Misión Internacional de Determinación de los Hechos, en un nuevo panfleto presentado este 26 de septiembre de 2022 ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas", señala un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores venezolano publicado el lunes 26 de septiembre.

En desacuerdo con los señalamientos, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó que "se trata de un informe realizado por tres expertos, no por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU".

El informe de la misión, cuyo resumen fue presentado la semana pasada en Ginebra, denuncia al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en la represión de disidentes "mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad", reseña la agencia AFP.

No obstante, el  gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro acusó el "uso politizado de los derechos humanos como herramienta para socavar la soberanía" de países.

El gobierno de Venezuela considera que este "nuevo pseudo informe" carece de "sustento metodológico" y busca "seguir atacando a las instituciones venezolanas" como parte de la estrategia criminal de "cambio de régimen" que se impulsa desde Estados Unidos "con la complicidad de sus gobiernos satélites en el mundo".

La misión, que ya presentó dos informes en los años  2020 y 2021, haciendo hincapié en las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, insiste en que estos hechos, especialmente los cometidos por el Sebin y la DGCIM, "continúan hasta hoy".

Desde su creación en 2019, el grupo de la ONU no ha sido autorizado a entrar en Venezuela y ha llevado a cabo sus investigaciones en las regiones fronterizas y a partir de entrevistas a distancia. Los expertos sostienen que sus conclusiones se fundamentan en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia.

"Los informes de estos expertos niegan todo el contexto que vive Venezuela, de ataques mercenarios, golpes de estado, intentos de magnicidio, acciones armadas, bloqueo económico, sanciones unilaterales y robo de activos del país, que han obligado al Estado a actuar en defensa de la paz y los intereses del pueblo venezolano", refirió el fiscal general.

Estos informes "se basan supuestamente en entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios estatales, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. También dicen haber analizado una serie de documentos confidenciales".

Pero "al revisar el contenido de los informes se comprueba que se basan principalmente en fuentes de internet".

– Suman 292 sentencias a agentes por violaciones a derechos humanos  –

Saab dijo que mientras el trabajo de los integrantes de esta misión se hace a distancia, "Venezuela viene trabajando en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos directamente en el país".

"En octubre de 2019 se acordó un plan de trabajo sobre asistencia técnica que se ha venido ejecutando exitosamente y que se ha renovado hasta la actualidad", declaró Saab a la AFP.

El fiscal venezolano aseguró además que el Ministerio Público "ha brindado toda la información solicitada" a los delegados de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.

"Estos delegados han asistido incluso a audiencias de juicio para ver directamente el funcionamiento de nuestro sistema de justicia en casos de violaciones a derechos humanos", sostuvo Saab.

Indicó además que desde agosto de 2017 la Fiscalía ha imputado a 1.448 funcionarios de seguridad del Estado "lográndose 292 sentencias condenatorias" por violaciones de derechos humanos con penas de hasta 28 años. En Venezuela la pena máxima son 30 años.