Estadio Olímpico Atahualpa vuelve a ser propiedad de la CDP
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Estadio Atahualpa ya no está bajo el control del Municipio de Quito y vuelve a manos de la Concentración Deportiva de Pichincha

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Las partes involucradas aún no se pronuncian oficialmente sobre si apelarán o acatarán la resolución judicial.

Fotografía de los exteriores el Estadio Olímpico Atahualpa, clausurado por el Municipio de Quito. Fotos: API / Rolando Enríquez
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El estadio Olímpico Atahualpa vuelve a ser propiedad legal de la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP). La mañana de este viernes 4 de julio de 2025 el juez Sebastián Cornejo, de la Unidad Judicial Norte de Quito, aceptó una acción de protección presentada por el interventor CDP. En su fallo determinó que se vulneraron varios derechos constitucionales.

Estadio Atahualpa: ¿qué dicta la sentencia?

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La sentencia declara que el Municipio de Quito, el Concejo Metropolitano, su Procurador Síndico y el Procurador General del Estado vulneraron el derecho al debido proceso, la garantía de motivación y la seguridad jurídica. Como medida de reparación, el juez ordenó:

  • Dejar sin efecto la resolución N.º CDMQ-048-2025, aprobada el 11 de junio, que sustentaba la inscripción del estadio a favor del Municipio de Quito.
  • Anular todos los procedimientos y actos posteriores relacionado con esa resolución
  • Restituir la propiedad del estadio a la CDP, con base en la donación del 3 de octubre de 1966.
  • Disponer al Municipio la emisión de disculpas públicas y la difusión del fallo durante un mes en todas sus plataformas oficiales.
  • Notificar por correo electrónico a todo el personal municipal sobre el contenido de la sentencia.
  • Informar a la Defensoría del Pueblo para que vigile el cumplimiento de la decisión judicial.

La resolución representa un revés para la administración del alcalde Pabel Muñoz. En junio el Concejo Metropolitano aprobó la reversión de la donación del estadio, lo que permitió su inscripción a nombre del Municipio. 

Con este fallo, el estadio Atahualpa regresa legalmente a manos de la CDP. Esto ocurre en medio de un proceso de intervención estatal en la institución deportiva, vigente desde abril de 2024. Las partes involucradas aún no se pronuncian oficialmente sobre si apelarán o acatarán la resolución judicial.

(I) 

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