Corte Constitucional suspende la consulta sobre la Asamblea Constituyente y rechaza intimidaciones tras operativo en su sede

La Corte Constitucional (CC) de Ecuador resolvió suspender provisionalmente el Decreto 148, firmado por el presidente Daniel Noboa, que proponía convocar a una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente. La decisión se tomó la noche del 19 de septiembre de 2025, tras admitir a trámite cinco demandas de inconstitucionalidad presentadas por distintos actores sociales.

Según el organismo, el decreto carecía del dictamen previo obligatorio de la CC, requisito indispensable para validar cualquier iniciativa de reforma o cambio constitucional. El texto enviado por Noboa al Consejo Nacional Electoral (CNE) contenía una pregunta para someter al voto ciudadano la conformación de una Constituyente, pero fue remitido sin la autorización del máximo tribunal. El CNE convocó una sesión para el sábado 20 de septiembre con el fin de dar inicio al proceso de referéndum y consulta popular, la cual quedó suspendida tras la resolución judicial.

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Amenaza de bomba y operativo policial

La jornada estuvo marcada también por una presunta amenaza de bomba en la sede de la Corte, ubicada en La Mariscal, Quito. El ECU-911 recibió la alerta y unidades del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) junto al Escuadrón Antiexplosivos de la Policía Nacional ejecutaron un desalojo preventivo. Tras una inspección completa, no se encontraron objetos sospechosos ni vehículos extraños, confirmándose que la amenaza era falsa. El incidente generó alarma en funcionarios y residentes de la zona.

Posición de la Corte Constitucional

En un comunicado oficial, la CC rechazó cualquier forma de intimidación y recalcó que su compromiso es con la defensa de la democracia y el respeto a la Constitución. El organismo subrayó que respetar la Carta Magna no significa bloquear el debate ciudadano, sino asegurar que toda propuesta de cambio se desarrolle bajo los procedimientos legales establecidos.

El tribunal agregó que continuará el análisis de fondo de las demandas y que, en su momento, el pleno emitirá una resolución definitiva, garantizando el derecho a la defensa de todas las partes involucradas.

(I)